ALTEA.- El Ayuntamiento de Altea ha obtenido un importante respaldo judicial a la gestión realizada para garantizar el suministro de agua potable en Altea Hills y la Sierra de Altea. La Sentencia 314/2026 avala la actuación municipal al considerar plenamente ajustadas a derecho las medidas de emergencia adoptadas en septiembre de 2024 para evitar un posible desabastecimiento que podía afectar a cientos de vecinos y vecinas.
La resolución confirma los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno Local y el Pleno del Ayuntamiento, mediante los que se declaró la emergencia para ejecutar cinco actuaciones estratégicas en La Mallà‑Altea Hills, Mascarat, Sierra Altea II, Urlisa III y Finca Alhama, con una inversión estimada cercana a los 3,74 millones de euros.
El Tribunal considera acreditado que concurrían circunstancias excepcionales derivadas de la sequía, el incremento imprevisto del consumo y el descenso del nivel del Pozo Bunnik, factores que generaron un riesgo real de interrupción del suministro de agua potable. Asimismo, la sentencia concluye que la tramitación de emergencia era el único procedimiento capaz de dar una respuesta inmediata a una situación que afectaba a un servicio público esencial.
Además, el fallo rechaza uno por uno los argumentos planteados por la antigua empresa gestora, Apobersa, y considera que la declaración de emergencia estuvo debidamente motivada, que las actuaciones ejecutadas fueron las estrictamente necesarias y que la elección de UTE Aigües d'Altea fue la más adecuada, al tratarse de la concesionaria responsable del servicio y disponer de los medios técnicos y humanos para intervenir de forma inmediata.
La sentencia también descarta cualquier desviación de poder por parte del Ayuntamiento y confirma que el único objetivo de la actuación municipal fue proteger el abastecimiento de agua de la población.
El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, ha mostrado su satisfacción tras conocer el contenido de la resolución judicial y ha destacado que “esta sentencia confirma que el Ayuntamiento actuó como debía hacerlo: con responsabilidad, con el respaldo de los informes técnicos y jurídicos y pensando únicamente en proteger un servicio esencial para nuestros vecinos y vecinas. Cuando el suministro de agua estuvo en riesgo, no podíamos permitirnos esperar”.
Zaragozí ha señalado que “la prioridad del equipo de gobierno siempre ha sido garantizar el interés general, adoptamos decisiones difíciles porque la situación lo exigía y hoy la Justicia confirma que fueron plenamente legales, proporcionadas y necesarias. Es una resolución que avala la gestión municipal y demuestra que actuamos con transparencia y con el único objetivo de asegurar el abastecimiento”.
El primer edil también ha valorado la desestimación íntegra del recurso presentado por APOBERSA y la condena en costas a la antigua gestora. “El tiempo pone cada cosa en su lugar. Durante meses se intentó cuestionar una actuación que únicamente perseguía evitar que miles de personas pudieran quedarse sin agua. Ahora la Justicia confirma que el Ayuntamiento actuó correctamente y que nuestra obligación era proteger a la ciudadanía por encima de cualquier otro interés”.
Con esta resolución, el Ayuntamiento de Altea considera plenamente ratificada su actuación durante una de las situaciones más complejas vividas en materia de abastecimiento de agua y reafirma su compromiso de seguir trabajando para garantizar unos servicios públicos seguros, eficientes y preparados para responder con rapidez ante cualquier circunstancia extraordinaria.
La sentencia deja un mensaje claro: garantizar el agua no era una opción, sino una obligación. El Ayuntamiento de Altea actuó con diligencia, dentro de la legalidad y en defensa del interés general, evitando que una amenaza real pudiera convertirse en un problema para la población.
