LA VILA JOIOSA. El pleno de la Vila Joiosa ha aprobado iniciar el procedimiento para retirar la condición de agente urbanizador del Plan Parcial 35. El sector se adjudicó en 2002 a la empresa Pérez Pascual SL, y tres meses después se cedió a Iniciativas Urbanísticas del Mediterráneo SL. Pero en todo este tiempo no ha llegado a desarrollar el plan urbanístico. Ahora, la intención del gobierno local es intentar mover este suelo ubicado frente al polígono industrial El Torres.
Para el edil de Urbanismo, Pedro Ramis, la Vila "tiene mucho terreno para edificar" y para suelo industrial, como es el caso de la Unidad de Ejecución del Sector PP-35, Industrial 2. "Lo que pasa es que hay que moverlo", dijo durante su intervención. El concejal opina que este plan parcial "es ejemplo de una inmovilización de más de 20 años", por lo que el ánimo es actuar para que se termine construyendo en este plan urbanístico que se extiende por mas de 100.000 metros cuadrados de superficice y donde solo está permitido el uso industrial en grado 1, 2 y 3.
A preguntas del portavoz del PSOE, Andreu Verdú, el popular explicó que no hay una estrategia definida para cómo ejecutar el plan después, si a través de la vía directa o con una empresa externa nueva. De momento, se ha optado por iniciar el procedimiento para resolver la condición de agente urbanizador, que ostenta hasta ahora la empresa vinculada a los hijos del conocido empresario Enrique Ortiz. Para ello, dan comienzo al plazo para conceder el trámite de audiencia a la mercantil así como a la entidad avalista y los propietarios del suelo.
En la parte de fundamentos de derecho, la propuesta señala que el Programa de Actuación Integrado lleva cinco años paralizado. Así, indica que la Unidad de Ejecución no puede ejecutarse en las condiciones que se pactaron hace ahora 23 años. Como consecuencia, se plantearon modificaciones en 2018 y un año más tarde se le requirió a la mercantil que cuantificara el coste de estos cambios sin que hayan recibido la estimación hasta ahora.
Historia del sector
Tal y como informó el secretario municipal durante la presentación del punto, el terreno se vio afectado en su momento por las directrices del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova). En concreto, la documentación recoge que fue en frebrero de 2015 cuando la Generalitat emitió un informe en el que se establecía que el Plan Parcial estaba afectado por riesgo de inundación "y es compatible con las determinaciones normativas del Plan de Acción Territorial". Por ello, requerían la elaboración de un análisis de la inundabilidad de la zona y la adopción de las medidas correspondientes para la correcta evacuación de las aguas.
- Primera versión del Plan Parcial 35, la Vila Joiosa. -
Con todo, en 2018, un informe técnico emitido por el Jefe de Servicio de Urbanismo e Infraestructuras señalaba que el sector PP35 estaba en una fase "más avanzada de tramitación" comparado con el de sus colindantes, lo que implicaba que la ejecución de las obras tal y como estaban programadas podría provocar que determinadas parcelas no obtuvieran la condición de solar una vez terminados los trabajos puesto que esto dependía de construcciones los planes urbanísticos vecinos que estaban sin ejecutar. Ante lo cual, el informe apuntaba a la aprobación de un nuevo proyecto de urbanización. Como consecuencia, requirieron un pronunciamiento de la empresa, que respondió manifestando la intención "de continuar con los trámites legalmente pertinentes a efectos de concluir con el procedimiento de programación y gestión". Es más, pocos meses después llegaron a presentar el proyecto de urbanización "adaptado a los requerimientos técnicos".
Al año siguiente, un particular registró la denuncia en el Ayuntamiento donde solicitaba iniciar la tramitación del procedimiento para la desprogramación de la unidad de ejecución única del sector PP-356 y la resolución de la condición de agente urbanizador. Petición que fue rechazada en julio de 2019.
Vista la situación, la propuesta aprobada en el pleno este jueves aconseja la resolución del programa debido a tres motivos: las más de dos décadas que han pasado desde su aprobación, la alteración de las condiciones que determinaron el plan y "el incumplimiento del requerimiento efectuado" por el agente urbanizador para la estimación de costes mencionada.
