BENIDORM.- (EFE) La presidenta de la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turísticos de la Comunitat Valenciana (Aptur CV), Silvia Blasco, ha considerado “una persecución a la oferta legalmente establecida en cada comunidad autónoma” el último comunicado del Ministerio de Vivienda en el que se notifica que 7.499 pisos turísticos son ilegales en la Comunitat y se pide a las plataformas que los comercializan que retiren sus anuncios.

Según ha detallado el Ministerio de Vivienda, las 7.499 pisos turísticos ilegales en la Comunitat Valenciana se ubican fundametalmente en València y Alicante, con 731 y 528 inmuebles respectivamente. Otras ciudades serían Torrevieja con 700; Dénia, con 538, y Benidorm, con 476.

Se trata de viviendas que han solicitado número de registro obligatorio, pero no lo han obtenido por no cumplir con los requisitos legales y constan como revocados. Sin embargo, Blasco ha opinado que el Ministerio “confunde revocación o falta de subsanación de datos con ilegalidad y eso, judicialmente, es incorrecto. Ninguna solicitud incompleta equivale a que un negocio sea ilegal", ha argumentado.

En declaraciones a EFE, la presidenta de Aptur CV ha expresado el malestar del sector, que se siente agraviado, y ha indicado que “ninguna vivienda que no fuera legalmente registrada iría al censo estatal a inscribirse como vivienda de uso turístico. No tiene ningún sentido”.

En algunos casos, el hecho de que la petición no haya podido ser tramitada de forma presencial por encontrarse el propietario en el extranjero y no tener firma digital ha supuesto su revocación porque no se ha admitido que la presentara un representante en su nombre, según Blasco, quien ha subrayado: "Hasta que no venga en persona, la solicitud no puede completarse, pero eso no convierte la vivienda en ilegal”.

Ha recordado que los requisitos legales de un registro de la propiedad “nada tienen que ver" con los de la normativa autonómica, que es la competente para ordenar el turismo y sus modalidades alojativas, y ha acusado a la administración central de no haber tenido en cuenta a las comunidades autónomas “a la hora de elaborar el Real Decreto para establecer la ventanilla única donde debemos inscribirnos”.

Para el sector de los apartamentos turísticos, la normativa estatal “criminaliza administrativamente a decenas de miles de familias sin resolución firme ni procedimiento garantista”. También aduce que los requisitos del registro estatal son “tan rígidos” que consiguen que “lo que es de obligado cumplimiento se convierta en imposible cumplimiento”.

La presidenta de Aptur CV ha lamentado que lo que “inicialmente" el sector pensaba que "era para combatir la ilegalidad” se haya erigido en una normativa que “está yendo a por lo estrictamente legal dentro de cada comunidad autónoma”.