BENIDORM. El Consorcio de Aguas de la Marina Baixa ha celebrado este viernes la Junta General en la que se han tratado diversos temas, como la situación hídrica ante la alerta de sequía en la comarca que obliga a extender los aportes externos de agua y la fase en la que se encuentra el proyecto para la desalinizadora, para la que prevén su licitación antes de 2026.
En la sesión se ha dado cuenta del informe de situación de abastecimiento en la comarca. Jaime Berenguer, director técnico del Consorcio, ha subrayado la "situación de alerta por sequía" en la que se encuentra la Marina Baixa, así como la disminución de los recursos como consecuencia del cambio climático, los resguardos y los caudales ecológicos. Los resguardos, ha precisado Berenguer, "es una imposición del Ministerio de volúmenes máximos mensuales en los embalses en función de la probabilidad de lluvias, lo cual limita la capacidad útil del embalse". También ha lamentado que la CHJ imponga caudales ecológicos a los ríos Guadalest y Amadorio "a pesar de que son ríos rambla". Ante ello, ha recordado que se impuso un recurso ante el Tribunal Supremo para revocar dicha exigencia "ya que esos caudales suponen casi tres hectómetros cúbicos".
El director técnico del Consorcio de Aguas ha abundado en que dada la situación, la comarca tendrá que seguir recibiendo aportes de la conducción Rabasa-Fenollar-Amadorio en 2026.
En cuanto a la desalinizadora, como ya informó este diario, el Consorcio tuvo que anular el pliego para la redacción del proyecto que salió a licitación en septiembre después de recibir un recurso contra uno de los criterios de adjudicación. En concreto, el recurso ponía el foco en un criterio de adjudicación que valora los cursos que la empresa haya impartido a través del personal que estaría adscrito a la ejecución del contrato. Así, entendía que "no guarda relación con el objeto del contrato, y que su redacción es indeterminada y provoca inseguridad jurídica", resume el acuerdo del Consorcio donde decretan el desestimiento.

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Para evitar la paralización del proceso durante tres o seis meses, el Consorcio decidió retirar dicho criterio y suspender la licitación provisionalmente. “Ya se ha subido de nuevo a la Plataforma de Contratación del estado tras eliminar el punto conflictivo, y ahora solo se valorará la experiencia profesional” ha indicado. Esta actuación ha propiciado que la suspensión del proceso apenas haya sido de unos días. En ese sentido, Toni Pérez, alcalde de Benidorm y presidente del Consorcio, ha expresado su acuerdo con “esa decisión adoptada desde el punto de vista técnico”.
Así las cosas, Berenguer ha afirmado que el Consorcio confía en que el año que viene “ya podamos tener el proyecto en nuestras manos y acometer la licitación de la desalinizadora antes de terminar el año 2026”. Berenguer también ha indicado que la inversión “estará alrededor de los 25 millones de euros, aunque será el proyecto el que determine el presupuesto definitivo”.
También se ha informado que la Conselleria financiará el 50% del coste de la desalinizadora, mientras que la Diputación de Alicante afrontará el 25% y el propio Consorcio de Aguas el 25% restante. El caudal previsto de la instalación será de seis hectómetros cúbicos.