BENIDORM. La vicepresidencia primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda va a ejecutar obras de reforma en la residencia y centro de día de Benidorm. Para ello, ha sacado a licitación el contrato para la redacción del proyecto que determinará los trabajos a acometer en un futuro. A la vez, prepara la nueva concesión para la gestión del centro, una medida que llevan años pidiendo los empleados durante los últimos años para poder mejorar sus condiciones laborales.

El departamento que dirige la consellera Susana Camarero ha sacado a licitación el contrato por 1.417.231,53 euros, IVA incluido. Pero para el conjunto de tres centros. Por separado, el de Benidorm está valorado en 449.673,99 euros, el situado en Silla asciende a 379.462,23 euros, mientras que el de La Florida, en Alicante, suma 534.632,1 euros. El plazo para la presentación de ofertas de empresas interesadas terminará el próximo 22 de diciembre.

El servicio pretende cubrir los trabajos de redacción de los proyectos de obras e instalaciones, actividad y del estudio de seguridad, así como para la dirección de obra en estos centros. Fuentes de Conselleria señalan que la intención es que la actuación contemple la dotación de un baño por cada habitación doble, mejorando la situación actual, que es de un baño para cada dos habitaciones dobles. Además, se reestructurará el agua caliente sanitaria, las calderas y baños geriátricos y eliminarán la fosa séptica y la conexión al alcantarillado. Además de la instalación de placas fotovoltaicas y la adecuación de varias infraestructuras.

Al margen, la Generalitat anunció a principios de mes que el pleno del Consell había autorizado la contratación del servicio de gestión integral de las residencias y centros de día de Elche, El Pinar, Virgen de Gracia, Benidorm y Massamagrell. Como ha venido contando de largo este diario, los trabajadores de la residencia llevan años pididiendo que se actualice la gestión para que se puedan mejorar las condiciones laborales de la plantilla. El contrato actual lleva desde verano de 2023 caducado y por tanto, no han podido equiparar sus sueldos con los de Sanidad. Por ello, en el último año han convocado varias protestas a las puertas del centro exigiendo la nueva concesión que podría estar más cerca tras su autorización plenaria.

Con ello, pretenden mejorar la estabilidad laboral de las plantillas que prestan servicio en estos centros, evitar situaciones de enriquecimiento injusto y asegurar el funcionamiento continuado de los centros, que atienden a personas mayores en situación de dependencia con recursos profesionales y servicios especializados, según informaron en su día.

Para ello, abrirán un procedimiento abierto y de tramitación urgente. Entre las características del nuevo contrato, saldrá con una duración de tres años, con opción a prórroga de otros dos más.