BENIDORM. Nadie quiere ser tachado como responsable de la condena de 350 millones de euros al Ayuntamiento de Benidorm, la más alta, al menos para la ciudad. Después de que en 2024 se encaminara el procedimiento a la situación actual, con el remate final de la desestimación del recurso por parte del Tribunal Constitucional, la estrategia de los dos grandes partidos que han gobernado la ciudad es clara: buscar culpables fuera de sus filas.
El último en pasar a la ofensiva ha sido el POSE, a través de su portavoz adjunto, Sergi Castillo, quien este jueves exigía a la portavoz de los populares, Lourdes Caselles, que explicara lo que para ellos obedece a un cambio de ruta en la estrategia del Ayuntamiento sobre este conflicto, desencadenando este desenlace. Unas afirmaciones que ha negado el alcalde, Toni Pérez, reiteradamente desde que el asunto llegó a este extremo.
Para Castillo, "es esa lamentable decisión, liderada por el alcalde, Toni Pérez, la que ha llevado a la ruina a la ciudad con una sentencia inasumible cuyas consecuencias no se atreven todavía a explicar".
Como ha venido contando este diario, el problema surge cuando estos terrenos ubicados en Serra Gelada comienzan un proceso para su protección que terminaría con su inclusión en el Parque Natural. El gobierno local, liderado por el popular Vicente Pérez Devesa, opta por firmar un convenio con los propietarios en 2003 en el que se establecen unas compensaciones, que se podían hacer efectivas con aprovechamiento urbanístico en otros suelos municipales. La decisión, defienden los socialistas, no contó con el visto bueno de su partido.
Sin embargo, el Ayuntamiento nunca hace efectivo este convenio, llegando a ser renovado en 2010 y 2013, ya bajo el mandato socialista de Agustín Navarro. Desde el Grupo Municipal Socialista defienden que la motivación no era otra que posponer la compensación prevista en estos acuerdos. Ante esto estaba la figura del actual alcalde, que formaba parte del gobierno en 2003, pero también en 2013 en la oposición, cuando su partido optó por votar en contra de la renovación del convenio por las dudas que no terminaban de resolver.
Para el primer edil, se trata de un convenio de aprovechamientos urbanísticos que, con el paso de los años, se ha convertido en una reclamación dineraria "imposible de atender". Así, ubica en 2017 el momento en el que pone en manos de los técnicos municipales el asunto. Finalmente, estos consideraron que la reclamación de las empresas "no se correspondía con la naturaleza de los hechos", y comenzó un largo proceso que llega hasta ahora. Una decisión que siempre ha asegurado que se debía a la defensa del interés general del municipio.
Oscuros intereses y venganza
Llegados a este punto, el socialista Castillo insistió este jueves en apuntar como culpable a Pérez y fue a más, dudando de oscuros intereses y venganza. "Asuman la responsabilidad y den la cara”, ha añadido. En este sentido, Castillo ha preguntado hasta qué punto influyó "la división del centro derecha en dos partidos y el apoyo de sectores empresariales al que compitió electoralmente con él".
Ante la petición de explicaciones, Caselles recordó que el PP aprobó un acuerdo en 2003 mientras existía la suspensión de licencias en este sector APR-7. Desde 1990 estaban pendientes del levantamiento de la suspensión y, asegura, el PP optó por preservar este espacio a través de este acuerdo con los propietarios. Es en 2005 cuando la Generalitat aprueba el PORN de Serra Gelada, declarando estos suelos dentro del Parque Natural, y por tanto, sin posibilidad de desarrollo urbanístico.
Así, defienden que desde que fueron protegidos, el PP nunca llegó a novar estos convenios, afirmando que en 2009 con el popular Manuel Pérez Fenoll como alcalde, se negó a hacerlo "porque entendía que ya no tocaba y que en todo caso debían pedírselo a la Generalitat que era la que había protegido los suelos". Caselles explica durante su paso como concejal de la oposición entre el 2011 y 2015, existen varios escritos en los que piden al gobierno local informes, documentos y explicaciones sobre las consecuencias que tenía la protección del suelo con respecto a los convenios y posteriormente, por el levantamiento de la suspensión de las licencias que llegó en 2012. La edil señala que no se les llegó a responder a estas peticiones y remarca que ellos ya alertaban que podía estar viciados de nulidad de pleno derecho, por lo que asegura que no han cambiado de postura. Es más, ya durante su mandato aprobaron la nulidad de los acuerdos, contanto con el visto bueno del Consell Jurídic Consultiu.
