BENIDORM, (AP/EFE). La Audiencia de Alicante ha archivado la causa para cinco de los ocho acusados del conocido como 'caso enchufes' de Benidorm. El tribunal de la Sección Segunda decidió la semana pasada cancelar las citaciones programadas hasta responder sobre el conjunto de cuestiones previas planteadas por las defensas en la primera jornada de la vista, celebrada el pasado 6 de noviembre, y que solicitaban la nulidad de las actuaciones por vulneración del derecho fundamental a un proceso con plenas garantías.
Pues bien, este martes ha ordenado el archivo de la causa para cinco de los ocho investigados al dejar sin efecto las diligencias practicadas a partir del 6 de diciembre de 2017. La sala ha considerado que el auto judicial posterior a esa fecha, por el que se prorrogó la instrucción a instancias de la petición cursada por la Fiscalía, se acordó una vez vencido el plazo debido para hacerlo.
Seguirán en el procedimiento el exconcejal socialista Juan Ramón Martínez, el técnico que ejercía como coordinador del área de Recursos Humanos y la funcionaria que asumía la jefatura de ese departamento. Salen por tanto la que fuera concejal de Hacienda, Natalia Guijarro, y otros cuatro trabajadores municipales del departamento de personal.
El juicio investiga las presuntas irregularidades en la contratación de personal en el Ayuntamiento de ese municipio cometidas entre finales de 2009 y 2012, cuando gobernaba el PSPV-PSOE.
Como se decía, los abogados de la defensa pedían la nulidad al sostener que las diligencias se habían estado instruyendo de manera continuada, a pesar de que el tiempo máximo para el desarrollo de la investigación había concluido en 2017 y la Fiscalía no solicitó su prórroga. Así, requerían sacarlo de la causa por el procedimiento del expurgo todas las actuaciones instruidas a partir de esa fecha. Una petición realizada por los letrados de Devesa Abogados, Sebastián Crespo Baeza y Judith Torregrosa, que defienden a Daniel Caneiro (excoordinador de Recursos Humanos) y Natalia Guijarro, una solicitud a la que se adherieron el resto de defensas.
Hay que tener en cuenta que el Ministerio Público les considera responsables de los delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias, tras mantener que infringieron la normativa respecto del número de empleados municipales de los que debía disponer el consistorio (la denominada tasa de reposición) al aprobar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que, a su juicio, incumplía ese límite máximo de contrataciones. También sostiene que, presuntamente, incrementaron los complementos salariales que debían recibir los empleados, lo que supuso un aumento desproporcionado de la masa salarial que debían pagar las arcas municipales.
En su conjunto, ese proceder propició que se llegase a tramitar 130 contratos temporales y que se mejorasen las condiciones de 43 trabajadores, con un gasto adicional de 4,5 millones de euros, según las denuncias iniciales, presentadas por el sindicato SPPLB.
Otro de los asuntos tratrados durante la sesión de este martes es la viabilidad de la acusación particular, ejercida por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos de la Comunidad Valenciana (SPPLB). Así, se ha acordado su expulsión al considerar que no es un perjudicado directo por los supuestos delitos pero podrá continuar como acción popular a cambio de una fianza. Sin embargo, desde el sindicato señalaron un día después a través de un comunicado que la intención es recurrir esta decisión y aseguró que el caso no estaba cerrado, anunciando que continuarán emprendiendo las acciones judiciales que consideren oportunas.
Eso sí, se trata de resoluciones sujetas a posible recurso en el momento en el que concluya el juicio y se produzca el dictado de la correspondiente sentencia. Una vez resueltas las cuestiones previas planteadas por las defensas, el juicio debe proseguir a partir de ahora en una fecha todavía por concretar con la declaración de los testigos, los peritos y los acusados.
