BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm celebraba este lunes el pleno ordinario del mes de abril con 16 puntos en el orden del día -seis eran dar cuenta de documentación sin debate-, a lo que se añadieron otros tres en despachos extraordinarios. Entre los asuntos a tratar que incumben al municipio estaba la decisión de conceder a Juan Carlos Izpisúa Belmonte 'Distinción Europa', el compromiso de adhesión al Sistema de Calidad Turística en Destinos (SICTED), la aprobación de facturas o el Plan Estratégico de Subvenciones. Sin embargo, la que más tiempo ocupó fue la moción del PP que rechazaba la política migratoria del gobierno de España y reprobar su gestión en el proceso de regularización extraordinaria. 

Un procedimiento que ha terminado salpicando a la administración local y que tiene gran calado en la sociedad de Benidorm. El propio Consistorio informaba que en una semana habían recibido más de 1.100 solicitudes del certificado de vulnerabilidad, lo que da muestras del impacto que tiene esta decisión en la población y en la vida de cada uno de estos solicitantes. 

La propuesta comenzaba con el rechazo de PP y PSOE a la enmienda presentada por Vox, sin justificar su posicionamiento. En su escrito, el portavoz de Vox, José Miguel San Martín, anunciaba que estaba de acuerdo con algunos de los criterios de los populares, pero quería añadir que el gobierno con estas políticas promovía un modelo migratorio de puertas abiertas, de efecto llamada, multiculturalismo, que según su punto de vista, está alterando la realidad social demográfica y cultural de España. Además, aunque también proponía retirar el Real Decreto como el PP, en este caso lo hacía por motivos diferentes: "Por contribuir a la destrucción del Estado de Bienestar, de la seguridad y de la convivencia de los españoles". Y por último, pedía que se iniciaran los mecanismos necesarios para la repatriación de "todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en España y establezca la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas nacionales, los servicios públicos y programas de vivienda".

El PP, como el PSOE, se manifestó a través de su voto en contra de la propuesta del partido de ultraderecha. Aunque en su discurso, la concejal de Bienestar Social, Ángela Zaragozí, sí que mostró al menos que opinaba en uno de los conceptos igual. La popular en su primer turno de palabra aseguró que "la regularización aprobada premia a quienes han entrado o permanecido en España incumpliendo la ley, mientras miles de personas esperan durante años para regularizar su situación por vías ordinarias". Unas declaraciones que en su intervención posterior, el edil de Vox pronunció casi con las mismas palabras: "Estamos en contra de premiar a quien ha entrado o permanecido en España saltándose la ley".

La concejal del PP en su exposición de motivos defendió que la medida de Pedro Sánchez "no responde a una planificación estratégica, responde a una operación política". Así, aseguró que era una decisión concebida "sin datos objetivos, sin planificación real, sin coordinación, sin previsión operativa, sin recursos suficientes y sin respeto alguno a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, ni siquiera a los compromisos europeos asumidos por todos los estados miembros". El discurso de la edil se centró en criticar la falta de medios para afrontar el procedimiento desde el Ayuntamiento. Zaragozí defendió que los recursos municipales estaban acogiendo a "decenas de personas que deberían de estar siendo atendidas en recursos estatales, limitando la capacidad municipal para responder a otras situaciones de emergencia social". 

La edil mantuvo que España debía cumplir con el pacto europeo de migración y asilo cuyos "pilares son claros: control de fronteras exteriores, responsabilidad compartida y retornos eficaces". Algo que, dijo, no se cumplía con el nuevo Real Decreto sino que "va en la dirección contraria, convertir a España en el eslabón débil de la política migratoria europea".

La moción aprobada por el voto en solitario del PP -PSOE y Vox, en contra- contenía tres acuerdos. El primero, que el pleno manifieste su rechazo a la política migratoria del gobierno de España y repruebe su gestión por no hacer uso óptimo de los recursos y plazas de acogida de titularidad estatal en la ciudad trasladando la presión asistencial al Ayuntamiento y a las entidades sociales. El segundo insta al gobierno de España a retirar el Real Decreto por carecer de los mecanismos de control necesarios, por vulnerar los principios europeos en materia migratoria y por contravenir los objetivos fijados en el pacto europeo de migración y asilo y tramitar cualquier cualquier modificación en materia de extranjería como proyecto o proposición de ley en el Congreso de los Diputados. Y tercero, el pleno exige al gobierno de España a que cualquier proceso de regularización sea individualizado y esté acompañado de una memoria económica detallada, un procedimiento transparente, criterios claros y definidos así como la habilitación de una financiación suficiente para que los municipios puedan afrontar su impacto, tanto en los procedimientos de tramitación como en el consiguiente desarrollo de itinerarios de inclusión social y laboral.

Zaragozí quiso aclarar en varias ocasiones que no estaban en contra de la migración, sino de la forma en al que se ha regulado el proceso. La edil apuntó a las colas que se habían formado en la primera semana tanto en los diferentes registros municipales como en las extensiones administrativas y en los centros sociales. "El volumen de gente que está viniendo es tremendo", apostilló. Además, señaló que además han atendido a profesionales como abogados o gestores que tienen que intervenir en el proceso y que buscaban en ellos la información. 

"El ánimo de esta moción no es decir no a la regularización, al revés, lo que queremos es que la gente que trabaje, trabaje en situación regular, que cotice, que tenga todos sus derechos. Pero que el procedimiento se haga correctamente", continuó Zaragozí. Además, aclaró a los socialistas tras su intervención que no estaba diciendo "que la regularización sea necesaria", sino que están "de acuerdo con que se haga".

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista a través del concejal Toni López Mascarenhas posicionó su voto en contra de la moción asegurando que con esta propuesta el PP estaba "haciéndole el juego a Vox" y dándole la oportunidad de expresarse sobre este asunto. El partido ultraderechista aprovechó para introducir en varias ocasiones su propuesta de prioridad nacional que no llegó a arrancar la respuesta del PP local y que tanto debate a suscitado a nivel nacional. Con todo, el socialista aseguró que el gobierno sí que había trasladado la información a los ayuntamientos a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

López defendió que "la mayoría de inmigrantes ya están trabajando en sectores como la agricultura, cuidados a los mayores o la hostelería", por lo que consideraba que la medida ayudaría a "legalizar mano de obra que ya está trabajando en pésimas condiciones y sin derechos", y que por tanto, "no pagan impuestos". El edil socialista remarcó en varias ocasiones además de la parte social, el incremento de ingresos a partir de los impuestos por la regularización de estas personas. Igualmente, quiso desmentir la argumentación del efecto llamada que promulga Vox recordando los requisitos para entrar a este procedimiento: residir en España antes de enero de 2026, llevar cinco meses seguidos viviendo en España, no tener antecedentes penales y el permiso de trabajo sería para un año.

Durante su turno, el único concejal de Vox en la corporación local insistió en que su partido está "radicalmente en contra de esta regularización masiva" y de otras motivaciones ya comentadas, además de coincidir con el PP en que se está "cargando a los ayuntamientos una responsabilidad que no es municipal", al tiempo que relacionó la medida con estar en contra de que a los españoles "les cueste más acceder a una vivienda, a una ayuda, a una prestación o a unos servicios públicos que ellos mismos pagan", todo ello sin apoyarse en datos oficiales. Finalmente, anunció el voto en contra al considerar que la moción del PP se quedaba en contra, a medias y en algunos puntos "parece más preocupada por hacer viable la regularización que por frenarla de verdad".