BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm ha programado sesiones informativas sobre el proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno de España dirigidas a las personas migrantes susceptibles de acogerse al mismo. En estas charlas, personal municipal del área de Bienestar Social trasladarán toda la información sobre la documentación que deben aportar las personas que pidan participar del proceso y dónde obtenerlos, así como los trámites que habrán de realizar.

Según ha detallado la concejal del área, Ángela Zaragozí, estas charlas se van a a desarrollar en el Salón de Actos del Ayuntamiento “desde el martes 21 al viernes día 24 en horario de 09.00 a 11.00 horas”. Además, el martes 21 y el jueves 23 también habrá sesiones de tarde en el centro social José Llorca Linares en horario de 17.00 a 19.00 horas.

A lo largo de la próxima semana, se informará a la ciudadanía de la programación de nuevas sesiones.  

En paralelo, el equipo de gobierno local llevará al próximo pleno una moción en la que manifestará su “rechazo a la política migratoria del Gobierno de España” y reprobará la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez “por no hacer uso óptimo de los recursos y plazas de acogida de titularidad estatal en la ciudad, trasladando la presión asistencial al Ayuntamiento y a las entidades sociales, a pesar de tratarse de competencias propias de la Administración General del Estado”.

La responsable de Bienestar Social ha incidido en que “como Ayuntamiento vamos a atender a la ciudadanía y a facilitarles toda la información y trámites, aunque se nos haya utilizado sin más en este proceso por quien tiene los recursos y la responsabilidad”. Por eso, “mostramos nuestra oposición a cómo se ha planteado y gestionado este proceso por parte del Gobierno de Pedro Sánchez que no sólo no nos ha facilitado medios para atender esta tarea extraordinaria, sino que ha trasladado a los Ayuntamiento su responsabilidad, lo cual, sin duda, va en detrimento del servicio que se presta a los propios ciudadanos”.

La moción que se votará en pleno incluye instar al Gobierno de España “a retirar el Real Decreto de regularización masiva” por “carecer de los mecanismos de control necesarios, por vulnerar los principios europeos en materia migratoria y por contravenir los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo”. Del mismo modo, exige “tramitar cualquier modificación en materia de extranjería como proyecto o proposición de ley en el Congreso de los Diputados, garantizando el debate parlamentario, la seguridad jurídica y la participación de los grupos políticos”.

Por último, el acuerdo exige al Gobierno Central que “cualquier proceso de regularización sea individualizado y esté acompañado de una memoria económica detallada, un procedimiento transparente, criterios claros y definidos”, así como “la habilitación de una financiación suficiente para que los municipios puedan afrontar su impacto, tanto en los procedimientos de tramitación como en el consiguiente desarrollo de itinerarios de inclusión social y laboral”.