BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm sigue buscando todas las vías posibles para salir indemne del procedimiento judicial abierto por los convenios de los terrenos de Serra Gelada. Y la vía se encamina a acudir al Tribunal Constitucional. Así lo informaba el alcalde, Toni Pérez, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) les comunicara esta semana que no había lugar para el incidente de nulidad recurrido por Benidorm contra la sentencia que le condenaba al pago de 283 millones de euros más intereses. Una cuantía que se destinaría a las mercantiles Murcia Puchades Expasión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL en compensación por los aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector APR-7.

El primer edil convocaba este miércoles a los medios de comunicación para informar sobre la última novedad en el caso, del que ya informó este lunes Plaza, después de haber tratado el asunto en la Junta de Portavoces convocada antes de conocer el auto del TSJCV. Ante dicha circunstancia, el alcalde informó que los técnicos municipales del área jurídica están "explorando todas las vías".

En cuanto a la valoración del alcalde, este admitió que el asunto "va superando etapas en lo judicial y desde luego no con las mejores noticias, ni las esperadas para Benidorm", a lo que añadió que "hay que extremar la prudencia a la hora incluso de hacer valoraciones". Así, Pérez aseguró que nunca le habían restado "un ápice de gravedad a este hecho" y se refirió a continuar con el trabajo desde la "tranquilidad y seriedad, y evidentemente no exentos de preocupación, pero confiados en que estamos defendiendo el interés general". 

Así, ha asegurado que la hoja de ruta "no ha variado ni un ápice" y corresponde a las directrices de los técnicos en cuanto a estos convenios firmados hace dos décadas, a lo que ha destacado que en otros procedimientos paralelos sobre este mismo asunto sí que le ha dado la razón al Ayuntamiento e incluso cuentan con el aval del Consell Jurídic Consultiu. "Es la justicia la que, en su sala del TSJ, ha orientado sus decisiones en un sentido distinto al que venían hasta ahora marcando los juzgados de lo Contencioso", ha continuado.

La resolución, notificada al Ayuntamiento el 24 de junio, está siendo estudiada por los servicios jurídicos, por lo que consideró que era pronto para aseverar cuál será el siguiente paso, pidiendo a la vez "tranquilidad y prudencia". No obstante, señaló que una de las opciones es acudir al Tribunal Constitucional si así lo aconsejan los informes técnicos, “porque eso no lo puede decidir un alcalde ni ninguno de los concejales”, ahondando en que "un político no puede tomar una decisión contraria al criterio técnico porque eso está tipificado por ley y tiene un nombre", tras lo cual ha indicado que “esa es la responsabilidad de gobernar. Puede haber decisiones incómodas o que no te gusten, pero son las que te dicen los técnicos que debes tomar".

Asimismo, ha recordado que este asunto continúa entrañando cierta complejidad judicial debido a que todavía hay distintas causas abiertas. De un lado, está la causa sobre la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento con relación a dichos terrenos en base a los convenios firmados en 2003 y 2004 y renovados en 2010 y 2013, que es a la que se refiere el auto del TSJ notificado en el día de ayer. De otro, está la relacionada con la revisión de oficio y declaración de nulidad de esos mismos convenios por parte del Consistorio, una línea que todavía sigue viva y con cinco causas abiertas en los juzgados: dos ya resueltas en Primera Instancia que han dado la razón al Ayuntamiento y han ratificado que dichos convenios serían nulos de pleno derecho, que se encuentran recurridas; y otras tres que aún no tienen sentencia. 

Convenios

Los dueños de este suelo firmaron un acuerdo con Vicente Pérez Devesa de alcalde en 2003, y fue prorrogado ya con el gobierno de Agustín Navarro en 2010 y 2013. De este modo, trataban de dar salida a una situación creada con el nuevo PORN, que declaraba Serra Gelada como parque natural y, por tanto protegido desde 2005. En él, se establecía las compensaciones por no poder edificar en sus parcelas, sin embargo, estas indemnizaciones nunca llegaron a ejecutarse sin antes una sentencia judicial.

Así, el convenio se comprometía a compensar con edificabilidad en otras parcelas a los propietarios por esos terrenos, que el Plan General de 1963 reconocía como urbanos. El PP comenzó la revisión de oficio de este convenio en 2021 y el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) avaló la nulidad del acuerdo. En noviembre de 2022 se aprobó por el pleno con el voto a favor de los populares y la abstención de PSOE y Ciudadanos.

No obstante, los informes aportados en aquel entonces consideraban que la indemnización económica no tiene cabida por parte del Consistorio por reconocer a dichos propietarios derechos de aprovechamiento urbanístico, que no se ha patrimonializado, y por tanto, que no se había adquirido "dado que no habían procedido a la cesión, equidistribución y urbanización". Esta tesis recogía que aunque los terrenos estuvieron clasificados en el PGOU de 1963 como suelo urbano, "no parecían contar" con los requisitos exigidos como acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, etc.

'Un paso más al precipicio', según el PSOE

Tras la Junta de Portavoces y la rueda de prensa, el Grupo Municipal Socialista también ha querido transmitir sus impresiones acerca de la última resolución. Para la portavoz de los socialistas, Cristina Escoda, se trata de "una muy mala noticia para Benidorm y para todos sus vecinos y vecinas, que nos acerca un pasito más al precipicio y que va a hipotecar el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos por las decisiones y el cambio de postura del alcalde Toni Pérez".

Para Escoda, "Toni Pérez fue protagonista cuando se originó el problema en 2003, votando a favor del convenio junto con aquel gobierno del PP para compensar a los propietarios de los terrenos en Serra Gelada por no edificar, y ha sido el máximo responsable de la mayor condena a un Ayuntamiento de España al negarse a renovar aquellos convenios". Así, ha indicado a través de un comunicado que el primer edil "no calibró las consecuencias de sus acciones, actuó por impulsos, con altivez y prepotencia. Una actitud que al final va a afectar, y mucho, a todos los ciudadanos”, ha indicado.

La dirigente socialista ha vuelto a mostrar su preocupación y la del PSOE de Benidorm por una sentencia que compromete el importe total de dos presupuestos y medio del Ayuntamiento, "lo que supondría a todas luces la quiebra técnica y el recorte de servicios a los ciudadanos", ha dicho. “Estamos hablando de que tendríamos que pedir fondos de rescate al Estado y eso llevaría aparejado un plan de ajuste. Esto implicaría que servicios como el conservatorio o la guardería se verían afectados, y que las contratas actuales, que están todas caducadas, también habría que aplicarles un recorte en los servicios”, ha explicado.

Por último, Escoda ha criticado que, "mientras Benidorm está inmerso en lo que se puede considerar como la mayor crisis económica a la que se ha enfrentado Benidorm en su historia, el alcalde está de fiesta en fiesta sin asumir sus responsabilidades y sin pedir perdón" a la ciudadanía:  “Toni Pérez tiene que dimitir por llevar a Benidorm al precipicio, tras una sentencia que va a hipotecar el futuro de varias”, ha afirmado.