BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm está preparando un calendario de pagos para presentarlo ante la justicia con el fin de empezar a ejecutar la sentencia que le obliga a una indemnización que podría estar rondando los 352 millones de euros. El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha informado este jueves que al margen de la solicitud de 55 millones de euros al Fondo de Impulso Económico dependiente del Ministerio de Hacienda, los técnicos municipales están elaborando un programa detallado para afrontar el pago.

Un escrito que todavía no tiene fecha para su finalización, según ha informado el primer edil, pero que les interesa que sea cuanto antes para dejar de incrementar los intereses que se generan cada día y que podrían ascender a unos 25.203 euros diarios. Para ello, descarta que haya planteado en ningún caso incrementar los impuestos a la ciudadanía y ha defendido en todo momento que el Consistorio cuenta con unas cuentas saneadas.

En este sentido, ha insistido en que precisamente se pueden acoger a este fondo al contar con una situación económica municipal "buena". De lo contrario, tendrían que haberse acogido al Fondo de Ordenación, que va destinado a las entidades locales que se encuentran en una situación de riesgo financiero o con dificultades para refinanciar deuda en condiciones de prudencia financiera. El de Impulso está gestionado por el Ministerio de Hacienda y regulado en el Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de la comunidades autónomas y entidades locales, que proporciona liquidez a ayuntamientos saneados para facilitarles el pago de deuda o de sentencias firmes, entre otras.

El plazo para presentar la solicitud terminaba este miércoles a las 12 de la noche, por lo que la presentaron a última hora de la mañana de ese mismo día después de que los técnicos municipales encontraran esta "ventana de oportunidad", que de lo contrario, tendrían que haberse esperado un año para la siguiente convocatoria. 

Ahora el Ayuntamiento tendrá que esperar a la resolución, que no saben cuándo podría llegar, para que en caso de que sea aceptada, el pleno decida si finalmente se adhieren al Fondo con las condiciones que se establezcan. Lo que sí que se sabe son las premisas previas: tendría que reintegrarse al Estado en un plazo máximo de 12 años y con un interés de en torno al 3,5%. Además, indicó que estarían obligados a incorporar en el presupuesto municipal un 1% para el Fondo de Contingencia durante esos 12 años. Un importe inferior al que ya calcularon para el borrador de 2026, que introducía tres millones de euros, por encima de los 1,4M que correspondería al porcentaje requerido por Hacienda en caso de que se acojan a este Fondo.

Y eso no es todo, los técnicos municipales también están centrados en el estudio pormenorizado de la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana relativa a la nulidad de los convenios urbanísticos que han dado lugar a la indemnización millonaria a favor de los propietarios del suelo, así como de la viabilidad jurídica y conveniencia al interés público de la interposición del correspondiente Recurso de casación ante el Tribunal Supremo frente a la misma.

En defensa de la gestión económica del municipio, el primer edil informó que en la actualidad, el Ayuntamiento cuenta con capacidad para pedir un préstamo a los bancos de 69 millones de euros sin tener que permiso a ninguna administración superior, solo por aprobación del pleno.

Sobre la negociación con los propietarios, a pesar de que la familia Murcia Puchades tendió la mano a la administración local, el primer edil aseguró que no dispone de ningún informe municipal que le asegure que puede dar este paso.

Defensa de la gestión

Durante su intervención, de casi una hora, el alcalde de Benidorm ha insistido en defender la gestión económica que ha realizado durante su mandato desde que llegó a la Alcaldía en 2015. Pérez ha reseñado la rebaja de la deuda en sus primeros seis años de gobierno, y ha asegurado que esta sentencia ha sido sobrevenida durante su mandato. Hay que tener en cuenta que el germen de este conflicto entre la propiedad de los terrenos de Serra Gelada y el Ayuntamiento proviene de la protección de este paraje natural con dos momentos importantes: la firma de convenios con los titulares prometiendo derivar el aprovechamiento a otros suelos por desarrollar en el municipio en 2003, y la declaración como Parque Natural por parte de la Generalitat Valenciana en 2005.

El alcalde ha querido mostrar su postura acerca de preservar este espacio de naturaleza que conserva la localidad, comparándola con otros casos como el Moralet, por los que el Ayuntamiento también tuvo que pagar a los propietarios de terrenos tras una sentencia, y que después se ha convertido en un lugar de esparcimiento para los vecinos de la localidad. 

“Seguimos ocupados y preocupados en defender el interés general de Benidorm. En este caso, adquiriendo y preservando un suelo en el parque natural de la Serra Gelada, al precio que ha marcado el alto tribunal valenciano y que, cuando se dé cumplimiento a esa sentencia, pasará a ser patrimonio de todos los benidormenses y de generaciones futuras y donde no se va a construir más”.  Así, resumió que Benidorm está adquiriendo un suelo, que de momento sigue siendo de los empresarios, por un precio que ha estipulado la justicia, y que parte de una valoración que hicieron los propios titulares. Y reflexionó si la alternativa era que se construyeran pequeños chalés en la zona.

No obstante, reconoció que la sentencia había sido un "revés", y que preferiría seguir gobernando sin tener que hacer frente a esta indemnización. 

(Noticia en elaboración)