BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm pagará 15,2 millones de euros por el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y la limpieza viaria para este 2025, unos 800.000 euros más que el año anterior. El pleno ha aprobado con el voto a favor del PP, en contra del PSOE y la abstención de Vox la moción defendida por la portavoz del gobierno, Lourdes Caselles, que contenía cuatro reparos no suspensivos que han centrado el debate. Con todo, este incremento no se repercutirá a los ciudadanos, tal y como ha asegurado el PP hasta en dos ocasiones.

La edil popular ha resumido en su primera intervención los reparos puestos por Intervención, que apuntan a un supuesto de no ser precios reales, que el mantenimiento de los contenedores soterrados tendrían que ser considerados una inversión en una licitación nueva, discrepancias con las condiciones de alquiler de los equipos y la idoneidad de la fórmula de revisión de precios. Todos ellos justificados luego por el órgano gestor a través de un informe del área de Ingeniería posterior, que no ha sido suficiente para que el departamento económico retirara estos reparos. El incremento en el precio no se repercutirá a la ciudadanía. Como es sabido, el Consistorio ha subido dos años consecutivos la tasa de la basura alegando que se tenía que cobrar a los vecinos el coste real del servicio.

Tanto PSOE como Vox reprocharon al gobierno local que no se llegara a un punto común que evitara aprobar los precios sin reparos. Sin embargo, antes de la votacion, el alcalde, Toni Pérez, tomó la palabra para asegurar que es el pleno "el que debe de resolver las discrepancias entre dos áreas". Por lo que finalmente, se tomó en cuenta la argumentación del órgano gestor con la aprobación de la moción.

Como recordó la propia Caselles en la sesión celebrada este viernes a las 14 horas, fue en 2020 cuando se dio por finalizado el contrato con FCC, la concesionaria encargada de la gestión de recogida de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria. Desde entonces, cada año se aprueba la continudad del servicio con la misma empresa hasta que se adjudique el nuevo contrato ya que se considera un servicio básico para la ciudadanía. Esto implica que no se pueda ampliar equipo, jornadas de trabajo o servicios. Junto a la continuidad del servicio, va aparejada la revisión de precios para el ejercicio que comienza.

En este sentido, el primer reparo habla de que no se atiende a precios reales, cosa que contraargumentó el informe de Ingenería por ser un coste provisional porque cuando se presenta el índice de referencia aún no es definitivo, asegurando Caselles que esto ya ha sucedido en otros años y luego se ha ajustado a la realidad. Además, este año se da la circunstancia de que tampoco se ha aprobado la revisión salarial de los empleados públicos. En cuanto al mantenimiento de los contenedores soterrados, defiende que están en el contrato desde 2012, y solo cambia en 2023 al pasar de canon fijo a variable. A su vez, el documento rechaza la idea de Intervención de que tenga que ser considerado una inversión.

Por lo que respecta al tercer reparo, Intervención pone en duda que se tenga que alquilar equipos todo el año para evitar costes cuando no está en uso. Pero el órgano gestor defiende que esta es la manera más óptima de asegurarse maquinaria cuando sea necesaria. Por último, se pone en cuestión la fórmula de revisión de precios, pero argumentan que es la misma que se aprobó en 2022, está de acuerdo a la ley y otra supondría más costes para el Ayuntamiento. Además, como ya avanzara Alicante Plaza, existía un quinto reparo suspensivo que hacía referencia a la falta de consignación presupuestaria, pero se ha retirado por parte de Intervención al haber tramitado una modificación presupuestaria para alcanzar la cuantía total necesaria.

La propuesta aprobada hoy se extinguirá el próximo 31 de diciembre de este año o una vez que se inicie el nuevo contrato si es con una fecha anterior. Según la misma, el presupuesto provisional para 2025 asciende a 15.265.651,17 euros, una vez sumado el canon fijo y el variable. La propuesta precisa que el presupuesto de ejecución material asciende a 12,4 millones, los gastos generales se sitúan en 953.668 euros y a ello se añade el beneficio industrial y un 10% de IVA. No obstante, según ha explicado la portavoz del gobierno, “estos precios son provisionales al utilizar los índices correspondientes al mes de septiembre del año pasado y se definirán de forma definitiva cuando se conozcan los índices del mes de diciembre de 2024”. 

Debate

Caselles afirmó que lo que se pretendía con la aprobación de esta moción era "reconocer los derechos de una empresa" que está prestando los servicios e incidió que esto permitirá a los trabajadores cobrar conforme a la reforma laboral de 2022, asegurando que el incremento salarial es uno de los supuestos que por lo que se más aumenta el precio aprobado. 

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Cristina Escoda, consideró que el PP lo había hecho mal, "tanto en las formas como en el fondo". Así, recordó que se trató de aprobar en el pleno ordinario del pasado 28 de febrero por urgencia, y según su versión, sin documentación aportada a la oposición: "Intentaba aprobarlo de tapadillo, a prisas y corriendo, sin hacer mucho ruido". Para ello se hizo un receso que permitiera estudiar los informes pero finalmente se optó por no votar la urgencia y dejarlo para otro momento, que ha sido este viernes. Además, la socialista trajo a colación el escrito de la empresa en la que les pedía aprobar los precios antes del 28 de febrero para garantizar el servicio. De esta forma, puso énfasis en el contenido de los reparos y dijo que en el PP han demostrado con su voto “estar más del lado de las empresas que de los intereses de los vecinos y vecinas". El portavoz de Vox, José Miguel San Martín, mostró su disconformidad a aprobar la moción si estas contenían reparos. 

Con todo, Caselles aseguró que las argumentaciones del órgano gestor estaban justificadas y amparadas por normativas y la ley, al tiempo que el alcalde aseguró que "Benidorm funciona".

Nuevo pliego

La propia edil del PP, avanzándose a lo que pudiera decir la oposición, en su primera intervención dijo desear que los pliegos del nuevo contrato cuenten con todos los informes preceptivos favorables para poder licitarlo. La portavoz además pidió a la oposición que no sea "destructiva, negativa" y animó a los socialistas a presentar en el Ayuntamiento el pliego que consideran bueno para el nuevo contrato. 

Por su parte, tanto PSOE como Vox, reclamaron al gobierno local tener ya el nuevo pliego. Así, los socialistas recordaron que ya ha pasado un año desde la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) que obligó al Ayuntamiento a rehacer parte de la documentación.

Finalmente, el PP relató la cronología de las modificaciones de esta documentación, siendo la última el 5 de agosto de 2024, momento en el que Contratación terminó de modificar el pliego de cláusulas administrativas y se remitió al departamento de Intervención. Así, la interventora pidió tiempo para fiscalizarlo por ser un expediente de esas características y sabiendo su reciente incorporación al puesto.