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Benidorm aprueba el Plan Director que prevé reducir un 15% el consumo de agua potable

Establece una hoja de ruta para una ejecución que podría llegar a los 25 millones de euros

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BENIDORM. El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado por unanimidad el Plan Director para el Fomento de la Reutilización de Aguas Regeneradas elaborado por Hidraqua. Un documento que en la práctica ya se ha empezado a ejecutar en la zona de Poniente. Su ejecución irá por fases, pero en su cómputo global podría llegar a los 25,79 millones de euros, según informó el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate. La nueva red de distribución permitiría reducir un 15% el consumo de agua potable, lo que equivale a 1,5 hectómetros cúbicos anuales.

Pasado el corte del pleno, el Plan se someterá ahora a un mes de información público, tras lo cual se resolverán las posibles alegaciones formuladas. El edil ha explicado durante su intervención que el documento "planifica de forma ordenada la implantación de redes específicas de distribución de agua regenerada, garantizando la calidad del recurso en cada uso y asegurando la viabilidad técnica, económica y ambiental de las actuaciones proyectadas". Además, se convierte en "una herramienta estratégica para diversificar las fuentes de suministro, reducir la presión sobre los recursos convencionales y reforzar la sostenibilidad hídrica del municipio".

Para el popular, es una "apuesta estratégica" de Benidorm "por la innovación, la sostenibilidad y la garantía de futuro" puesto que la infraestructura permitirá "reducir significativamente el consumo de agua potable, generar ahorros económicos importantes y posicionar a la ciudad como referente en gestión sostenible del agua". Según el edil, la ejecución progresiva y la diversificación de la financiación "garantiza la viabilidad del proyecto, que beneficiará a miles de viviendas".

En consonancia con el objetivo de reducir el consumo de agua potable, se sustituirá esta por regenerada en aquellos usos que no requieran calidad de consumo humano, "creará una infraestructura dual que garantice el suministro sostenible a largo plazo, mejorará la eficiencia en la gestión del ciclo integral del agua y posicionará a Benidorm como referente en gestión sostenible".

El concejal ha afirmado igualmente que los principales beneficiarios serán las comunidades de propietarios, el Ayuntamiento, instalaciones deportivas y recreativas y el sector hotelero. Entre las principales consecuencias positivas destacó "la menor presión sobre los acuíferos, la reducción de la huella hídrica y un ahorro estimado de unos 750.000 euros al año en la compra de agua potable cuando esté totalmente desarrollado". 

La inversión del proyecto global estará sujeta a fondos europeos, subvenciones de la Generalitat, presupuesto municipal, la colaboración público-privada y aportaciones de beneficiarios, según opinó el edil, quien ha querido recalcar que se trata de "un plan a largo plazo con una ejecución progresiva y escalonada por fases".

Otros asuntos plenarios

Dentro de los asuntos aprobados en esta sesión plenaria, la Corporación municipal ha apoyado por unanimidad la propuesta para la concesión de la Medalla Corporativa de Benidorm al exalcalde Rafael Ferrer Meliá, quien estuvo al frente del Ayuntamiento entre el 4 de abril de 1978 y el 16 de abril de 1979 y conocido como ‘el alcalde del agua’ por ser quien propició la compra de los pozos de Beniardá durante la histórica crisis del agua que vivió la localidad en 1978, que amenazó con dejarla sin agua y también sin clientes para una industria turística en pleno desarrollo. Con esta Medalla Corporativa la ciudad reconoce el papel que jugó Ferrer Meliá durante su etapa como alcalde, cuando “hubo de enfrentar la más grave crisis devenida en su historia en el siglo XX y resolverla para, a partir de ahí, comenzar el proceso de gestión del Ciclo Integral del Agua que nos ha llevado, tras años de esfuerzo, a ser modelo de gestión hídrica”.

La concesión de esta Medalla Corporativa se oficializará en el acto institucional que el Consistorio benidormense celebrará el próximo 6 de diciembre con motivo del Día de la Constitución Española.  

Asimismo, el pleno también ha acordado la actualización del acuerdo de delegación a SUMA de la recaudación de tributos en fase ejecutiva, ampliando esta delegación para abarcar todos los ingresos de derecho público, sin necesidad de proceder a la delegación individual de cada uno de ellos. La propuesta, elevada por la edil de Hacienda, Aida García Mayor, ha salido adelante por unanimidad de todos los grupos. A propuesta del edil de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, ha salido adelante por unanimidad el inicio del procedimiento de concesión de una felicitación pública por parte de la Generalitat Valenciana al agente de la Policía Local José Ramón Fuentes Marín por salvar una vida humana el pasado 6 de septiembre. 

De igual forma se han aprobado los estatutos y la integración del Ayuntamiento de Benidorm en la Comunidad de Usuarios de Vertidos EDAR de La Vila Joiosa, así como los miembros que representarán al Ayuntamiento en la Asamblea General de la Comunidad de Usuarios, que serán los concejales populares José Ramón González de Zárate y Mónica Gómez. “Es un trámite administrativo para pagar lo que nos corresponde por verter al Amadorio, como nos obliga el Ministerio de Transición Ecológica y la CHJ, y evitar que nos sigan multando por hacerlo sin pertenecer a la Comunidad de Usuarios” ha puntualizado González de Zárate.

En la misma sesión se ha aprobado inicialmente y por unanimidad el Reglamento Regulador de la Cesión de Uso Temporal del Recurso Habitacional por Urgencia Social del Ayuntamiento de Benidorm. La concejal de Bienestar Social, Ángela Zaragozí, ha expuesto la necesidad de contar con un recurso habitacional de este tipo “para personas que por circunstancias excepcionales no tienen alojamiento o están en riesgo inminente de perderlo”. El reglamento recoge los requisitos para poder acceder al mismo, como son “las relaciones familiares insostenibles, siniestro de la vivienda habitual, situaciones por desahucio o personas que estén en tránsito por situación vulnerable y urgente”. El tiempo de ocupación será por un tiempo mínimo imprescindible y una duración máxima de 15 días.

En el capítulo de despachos extraordinarios se ha aprobado con los votos de PP y PSOE y el contrario de Vox una propuesta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) con motivo del Día Internacional de le Lucha contra la Violencia de Género.  El Ayuntamiento ha acordado adherirse a la citada declaración y “sumarse a este esfuerzo conjunto por una sociedad más justa, libre de violencia y verdaderamente igualitaria”, según consta en el acuerdo plenario.

Asuntos económicos

En el plano económico, el equipo de gobierno local ha aprobado en solitario –con el voto en contra del PSOE y la abstención de Vox– el abono de facturas por valor de algo más de 8,2 millones, en las que se ha omitido la función interventora por tratarse de servicios en los que se está tramitando el expediente de contratación, pero que se han de seguir prestando por tratarse de servicios básicos, tales como alumbrado, limpieza viaria o red semafórica, entre otras. También se ha aprobado un reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe total de 1.001.844,73 euros para el pago de facturas pendientes de ejercicios anteriores. Asimismo, se ha dado cuenta a los grupos políticos de la información relativa a la ejecución del tercer trimestre del presupuesto municipal del presente ejercicio económico.

En este sentido, el Grupo Municipal Socialista ha denunciado la "nefasta” gestión económica y de contratación del gobierno de Toni Pérez, señalando que con este último pago de facturas, ya son más de 15 millones de euros los que el Partido Popular ha autorizado en lo que llevamos de año. 

El concejal socialista que fiscaliza el área económica, Antonio Charco, ha detallado que el equipo de gobierno de Toni Pérez aprobó en enero 864.000 euros, en marzo 393.000, en julio 203.052 euros y un millón de euros hoy en reconocimientos extrajudiciales de créditos; en cuanto a facturas en las que se ha omitido la función interventora el gobierno local autorizó 687.000 euros en marzo, 965.000 euros y 701.000 euros en mayo, 848.000 euros en junio, 541.000 euros en julio, 6,1 millones en septiembre y 2,8 millones hoy en el pleno. “Este gobierno ha convertido un procedimiento administrativo extraordinario, que permite utilizar la legislación, en algo ya habitual en el día a día de su gestión”, ha destacado el edil. 

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