BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm ha estrechado el cerco sobre las viviendas de uso turístico (VUT) ilegales. Desde que la administración local asumió las competencias para sancionar a estos alojamientos, ha tramitado 50 denuncias que afectan a 146 viviendas. De estas, ya hay 10 que están en fase más avanzada y podrían ser sancionadas con hasta 600.000 euros.
Así lo recoge el primer informe sobre la inspección de viviendas de uso turístico en el municipio. El mismo señala que desde que el 16 de mayo de este año Benidorm se adhirió al Convenio Marco entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, han entrado al Ayuntamiento 50 denuncias que afectan a 146 viviendas.
De estas, han atendido 34, las cuales informaban sobre 126 posibles alojamientos sin licencia de actividad. De este modo, han podido comprobar que hay 74 que sí que contaban con toda la documentación en regla, inscritas en el registro de Turisme y con su número de indentificación correcto.
Sin embargo, hay otras 10 bajo sospecha y en fase de requerimientos. Estas son susceptibles de ser sancionadas por una infracción muy grave, en base al artículo 93.1 de la Ley 15/2018, de 7 de junio, de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunidad Valenciana, por el ejercicio de una actividad turística sin habilitación perceptiva para ello, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso Plaza. De este modo, destacan que la sanción a la que se enfrentan va de los 100.001 euros a los 600.000 euros.
Otras nueve viviendas afectan a temas relacionados con consumo, por lo que se están comprobando competencias con la Oficina Municipal de Información al Consumidor (Omic). A su vez, 33 viviendas se han trasladado al grupo de inspección para continuar con las verificaciones oportunas para continuar con el proceso o descartarlas.
Benidorm asumió las competencias de la inspección y sanción a aquellos que no cumplen desde julio, y tal y como informara este diario, algo más de un mes habían recibido denuncias que llegaban a 31 viviendas. En la actualidad, las inspecciones se están realizando por los inspectores municipales adscritos a los departamentos de Comercio y Seguridad Ciudadana así como por dos agentes de la Policía Local. Además, la Policía Nacional está colaborando en las intervenciones.
