BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm ha realizado una auditoría para analizar si la concesionaria del mobiliario urbano cumple con las inversiones previstas en el contrato. Lo ha hecho para el primer año del servicio, y los resultados dejan ver que casi llegan a lo esperado: quedan pendientes 2.140,57 euros a favor del Consistorio.

La auditoría encargada por el municipio analiza la concesión de instalación, mantenimiento y explotación comercial del mobiliario urbano de Benidorm, que se suscribió el 25 de febrero de 2021 y entró en vigor el 1 de marzo siguiente. La adjudicación la firmaron con la empresa Impursa por un plazo de 10 años, por lo que aún quedarían pendientes otros nueve ejercicios a estudiar, que según dijo el concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, se seguirán realizando en los próximos años. En este sentido, el edil del PP remarcó la labor de transparencia en cuanto a los contratos más significativos e importantes como es el caso.

Tal y como recoge la auditoría a la que ha tenido acceso Plaza, el objetivo era verificar el cumplimiento de las obligaciones de la concesión del contrato. En concreto, el importe anual destinado a inversiones en función de los elementos comerciales y mixtos instalados y explotados. De este modo, comprueban que la inversión realizada por parte de Impursa es de 142.962,33 euros, mientras que el importe comprometido ascendía a 145.102,60 euros, por lo que restarían otros 2.140,57 euros a favor del Ayuntamiento. Una cifra que se podrá saldar en los ejercicios siguientes, según han explicado desde la administración local. 

Los redactores de la auditoría, alaborada por una empresa externa, señalan que estas cantidades se refieren en exclusiva a la anualidad de 2021-2022. Para ello, enumeran 46 inversiones realizadas durante ese año y en las que destacan unos 16.000 euros en bancos de hormigón, otros 11.000 euros en 40 papeleras y casi 78.000 euros en la intervención en un parque urbano del Rincón de Loix con tirolinas y reposición de pavimento.

En la auditoría se señala que es el concesionario el que tiene que destinar un importe anual a inversiones en elementos de mobiliario urbano por las instalaciones comerciales realmente explotadas. Además, explican que no reflejan ninguna conclusión porque el documento tiene un "alcance reducido y sustancialmente menor que el de una auditoría de cuentas, de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas en España o el de una revisión de acuerdo con normas profesionales de general aceptación".