ALTEA. El Ayuntamiento de Altea ha elaborado una nueva versión de la ordenanza que regulará las condiciones de las viviendas de uso turístico en el municipio. Un nuevo documento que endurece los requisitos establecidos anteriormente. Para ello, prevé salir a exposición pública por otros 20 días y quedará a la espera de un nuevo informe al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del que depende la Dirección General de la Costa y el Mar.
Así se acordó con los votos a favor del gobierno de Compromís y PSOE, y en contra de PP y Vox en el pleno del pasado jueves. Una propuesta del concejal de Urbanismo, José Orozco, que daba respuesta a las alegaciones, estimando una de ellas y desestimando la segunda. Además de admitir la sugerencia de la Dirección General de la Costa y el Mar.
La primera, presentada por Acció Ecologista-Agró, proponía rebajar el umbral máximo absoluto previsto en el 16% "con el objetivo de reducir la presión turística y a favor del derecho a la vivienda", expresó el concejal durante su intervención. Esta cifra responde al número máximo de viviendas de uso turístico que puede haber con respecto al global del municipio. En la actualidad, el Ayuntamiento calcula que está en el 10,8%, y aceptando la petición, optan por dejar el máximo en el 12%.
En segundo lugar, desestiman la alegación de un particular que solicitaba acogerse a la excepción que hay en la ordenanza para las ubicadas en el núcleo histórico tradicional con el fin de obtener el informe de compatibilidad, indispensable para legalizar la actividad. Así, aprovecharon para redactar de nuevo el apartado 7 "para evitar confusiones y aclarar que la rehabilitación integral tendrá por objeto la recuperación del inmueble mediante la adecuación funcional, estructural y de habitabilidad con la recuperación de la arquitectura tradicional".
Por último, Orozco explicó que en diciembre recibieron un informe de la Dirección General de Costas argumentando que no está permitida la edificación residencial-hotelera en la zona de protección. Esta se establece dentro de los 20 metros desde el dominio público en el suelo urbano o en planes parciales aprobados antes de la Ley de Costas del 1988, o 100 metros en el urbanizable no programado. De este modo, consideran que la vivienda de uso turístico es un uso terciario-hotelero, por lo tanto, "las edificaciones que ocupan la zona de protección, que son mínimas pero hay, no podrán tener el informe de compatibilidad urbanística favorable".
El edil defendió la propuesta en pro de "preservar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, garantizar el acceso a la vivienda, y ordenar adecuadamente una actividad económica como el turismo, asegurando la sostenibilidad del modelo urbano de Altea".
Desde la oposición criticaron la iniciativa del gobierno local por diferentes motivos. Aunque el PP se mostró a favor de regular esta actividad, lo cierto es que votaron en contra por el resultado de la ordenanza. La portavoz de los populares, Rocío Gómez, aseguró que fueron "de los primeros en defender que las viviendas turísticas debían de regularse para evitar desequilibrios y zonas tensionadas. Lo que nunca hemos compartido es esta forma de gobernar a base de prohibiciones temporales, improvisación y vaivenes normativos", además, valoró que "la modificación reduce porcentajes y aprieta aún más la regulación". La edil hizo un repaso del expediente y aseguró que después de dos años desde que se iniciara, "la realidad no ha cambiado, los precios del alquiler no han bajado, no hay más vivienda para alquiler habitual y ningún alteano ha notado mejora alguna".
Por su parte, el portavoz de Vox, Diego Coello, defendió el libre mercado en el que dijo, el gobierno local no cree. "Lo vuestro es intervenir en todo y tomar las decisiones de lo que queréis hacer con vuestro patrimonio y sobre todo con el patrimonio que no es vuestro", aseguró. El líder de la formación de extrema derecha afeó que ahora los que tienen licencia tienen un "plus" sobre el valor de su propiedad por encima de aquellos que no podrán optar a este "derecho" e insistió en que el "problema de la vivienda es la falta de oferta".
Detalles de la ordenanza
Tras esto, el concejal de Compromís defendió la estrategia del Consistorio. Así, recordó que fue en enero de 2024 cuando suspendieron la tramitación de licencias. En ese momento había 2.200 aprobadas, lo que equivalía al 12% del todo el número de viviendas del municipio. Un dato que posteriormente se rebajaría con los ajustes de Turisme Comunitat Valenciana. Ahora, se estima que está en el 9,8%.
"Se trata de proteger nuestros barrios, de evitar procesos de gentrificación y garantizar que Altea continúe siendo un lugar donde vivir, y no solo donde veranear", continuó durante su discurso. Orozco explicó que la ordenanza se basa en el indicador de vulnerabilidad territorial que tiene tres patas: vivienda turística respecto a vivienda total; el porcentaje de viviendas principales; y la densidad de esas mismas viviendas. Esto da lugar a cuatro rangos: zonas vulnerables, las zonas con riesgo alto de vulnerabilidad, las zonas con riesgo medio y las zonas con baja vulnerabilidad.
Y por último, se detallan dónde estará permitido y dónde prohibido. Donde estará restringido Pla de Castell, la avenida de La Nucía, en Piteres, en el Ensanche, Clot de Mingot, Carrer la Mar y toda la fachada marítima hasta el puerto, en Cap Negret desde el río hasta el núcleo de l'Olla-Cap Negret, y en Mascarat norte. Sí que se podrán obtener licencias en Altea la Vella, en sus urbanizaciones, en Mascarat Sur y Les Galeres, en l'Olla-Villa Gadea, en las urbanizaciones de Montagud, en la carretera de la Nucia, la Foieta y en la zona residencial de Garganes. No obstante, dentro de estas zonas no podrá sobrepasar el límite de costas y el umbral máximo del 12%.
