ALICANTE. El tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincia de Alicante ha decidido suspender la vista oral sobre el denominado caso Aguas de Calpe, que investiga las irregularidades sobre las contratación de las obras de la red transversal del municipio de Calp, en 2004, por falta de la documentación que conforma el sumario. Entre los acusados se encuentra, el ex concejal de Aguas del Ayuntamiento de Calp y ex consejero delegado de la empresa mixta Aguas de Calpe, Juan Roselló; el exgerente de la mercantil y otro ex consejero delegado, acusadas de los delitos dos de prevaricación administrativa y fraude y de tres delitos de estafa, dos de ellos continuados, por las irregularidades detectadas en 2004 en la adjudicación a la entidad de la gestión del servicio público del suministro de agua y en la subcontratación del servicio y las obra. La acusación particular, ejercida por las empresas afectadas, les acusa de lucrarse a costa del grave perjuicio económico para el dinero público.
El tribunal ha tomado esa decisión después de que una de las defensas, la del ex concejal Juan Roselló, planteara dudas sobre el origen de la denuncia que dio pie a la denuncia que presentó la Fiscalía. Según ha expuesto la defensa de Roselló, en el sumario no se hallaban los documentos originales que dieron lugar a la denuncia. Entonces, otra de los letrados, el que representa a Aguas de Calpe, ha recordado que él si poseía toda la documentación y que la ponía disposición de la sala para cualquier consulta. El tribunal ha decidido hacer un receso y analizar ésta, y otras cuestiones planteadas por las diferentes partes. Tras escuchar a todos, el tribunal decidido suspender la vista oral hasta nueva fecha, con el propósito de reclamar los tomos que falta al juzgado de Dénia que llevó a cabo la iinstrucción. Y en caso de lograrla, sería aportada por el letrado de la empresa mixta Aguas de Calpe, algo a lo que han accedido todas las partes.
Es la segunda vez que se suspende la vista oral de este juicio. En febrero de 2024 ya sufrió una primera suspensión porque no se había comunicado la notificación a la mercantil Montubo, cuyo administrador, Salvador Ibarra, es otro de los ocho acusados.
- Juicio de Aguas de Calpe -
- Foto RAFA MOLINA
Había expectación por ver cómo sería la primera sesión de una vista oral que es esperada por las acusaciones, pues llevan 20 años reclamando justicia. El origen se remonta a 2004 cuando Aguas de Calpe adjudicó las obras para renovar la red transversal y el contrato acabó denunciado para saber el destino final de un millón de euros. Las obras se adjudicaron por algo más de tres millones de euros, pero años después se supo que el valor real, según un informe de la Universidad Politécnica de Valencia, era de 2,2 millones, lo que implica un diferencia de 1.073.316 euros.
La vista ha comenzado con la petición de nulidad por parte de la defensa de Juan Roselló que ha considerado que se había vulnerado los derecho a la defensa y a la tutela judicial. Primero, por no hallarse los documentos de la denuncia original. Y segundo, por basarse en una comisión de investigación de carácter no oficial, tal y como ha dicho, ha certificado el secretario de la corporación calpina. Posteriormente, el Ministerio Fiscal matizaría que fue una comisión de los tres grupos de la oposición la que remitió los hechos a la Físcalía y que esta la que denunció. Es más, la Fiscalía ha recorado que posteriormente hubo una querella de la Unión de Consumidores por esta causa.
Pero ni este planteamiento ni otros, expuestos por acusaciones y defensas, han sido derimidos por el tribunal. Las dudas generadas por la existencia de todos los tomos que completan la causa es lo que ha motivado la suspensión. Al parecer, en la sede de la Audiencia de Alicante no estaba todo el sumario completo; por un momento, se ha planteado la posibilidad de solicitarlo a los juzgados de Dénia, pero el hecho de que el abogado de Aguas de Calpe conserve todo el sumario ha tranquilizado al tribunal, para que lo ponga a disposición de la sala, si hace falta para la reanudación del juicio.
Otras cuestiones que ha admitido el tribunal en esta primera vista ha sido la de incorporar la prueba documental de Rafael Romero sobre las obras ejecutadas, a propuesta de la defensa de Aguas de Calpe. También ha habido debate sobre si Jerónimo Antón debe seguir como testigo, pese a que está en la causa como responsable civil subsidinario por la empresa Promichal. Finalmente, Antón comparecerá como testigo.
