ALICANTE. La Audiencia Provincial de Alicante juzga este lunes 24 de marzo a los supuestos cabecillas del denominado caso Aguas de Calpe, entre las que se encuentra el ex concejal de Aguas del Ayuntamiento de Calp y ex consejero delegado de la empresa mixta Aguas de Calpe, Juan Roselló; el exgerente de la mercantil y otro ex consejero delegado, acusadas de los delitos dos de prevaricación administrativa y fraude y de tres delitos de estafa, dos de ellos continuados, por las irregularidades detectadas en 2004 en la adjudicación a la entidad de la gestión del servicio público del suministro de agua y en la subcontratación del servicio y las obra. La acusación particular, ejercida por las empresas afectadas, les acusa de lucrarse a costa del grave perjuicio económico para el dinero público. La Fiscalía solicita inicialmente para ellos penas que oscilan entre los seis y los nueve años de prisión.

El caso llega a juicio casi 20 años después de los hechos, que se remontan a 2004, cuando la empresa mixta Aguas de Calpe adjudicó las obras de renovación de la red transversal de agua por 5,2 millones, de los que 4,7 millones sería asumidos por los vecinos de Calp de forma trimestral durante cinco años. En 2005, el precio de la obra se rebajó, quedando la cifra que tenían que asumir los vecinos en 3,4 millones de euros.

Juan Roselló y Francisco Zorrilla, ambos miembros del consejo de administración de Aguas de Calpe, adjudicaron la obras a la firma Obras Hidráulicas de Levante SL, cuyo administrador único era Jesús Santamaría y el accionista mayoritario era Francisco Artacho, cuñado de Roselló. Las obras se adjudicaron por 3,7 millones de euros. La firma Obras Hidráulicas del Levante SL (se quería jugar con la duda de OHL) fue constituida en 1994 y su objeto social era el buzoneo. Posteriormente, cambió su denominación y objeto social para poder optar a las obras civiles. Y lo hizo el 17 de febrero de 2004, un mes antes de Aguas de Calpe adjudicara la obra.

Obras Hidráulicas de Levante SL subcontrató, a su vez, las obras a la firma Montubo Obra Civil, entidad representada por Salvador Ibarra, por 2,4 millones de euros. Según el auto del juez que realizó la instrucción, tras examinar toda la adjudicación, Aguas de Calpe pagó a Obras Hidráulicas del Levante 3,1 millones de euros y ésta a su vez, abonó 1,2 millones a Montubo Obra Civil. En total, el valor de las obras, según un informe de la Universidad Politécnica de Valencia, era de 2,2 millones, lo que implica un diferencia de 1.073.316 euros. ¿Qué paso con ese millón de euros de diferencia? Eso es lo que se juzgará el lunes en la Audiencia Provincial de Alicante.

A esta incógnita se suma la circunstancia de Montubo Obra Civil, que es la firma que ejecutó las obras, sólo cobró 1.295.00 euros, pese a que las obras costaron 2,2 millones de euros.

Por esta razón, el juez llega a la conclusión de que el consejero delegado de Aguas de Calpe, Juan Roselló, y el principal accionista de Obras Hidráulicas del Levante, Francisco Artacho, su cuñado, "se orquestó una trama para subcontratar las obras a la empresa del segundo con un evidente sobreprecio que sería repercutido a los usuarios del servicio, llegado la codicia al límite de no abonar siquiera a la empresa que efectivamente realiza las obras obras el importe de lo realizado".

El llega a la conclusión de que tanto Jesús Lara (administrador único de Obras Hidráulicas de Levante) como el administrador Victoriano Sánchez "eran utilizados a cambio de contraprestación económica por Francisco Artacho, cuñado de Martínez, para detraer fondos de esta entidad para su beneficio particular en perjuicio de los usuarios del suministro, de las arcas públicas y de la empresa subcontratada, que no se le pagó". El juez llega a estimar que uno de los acusados, Antonio Ramón Céspedes López, en connivencia con Artacho y sin ninguna relación que lo justifique, percibió de OHL la cantidad de 435.801 euros.

Por todo ello, el juez llega a la conclusión de que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, exacciones ilegales y estafa para todos los investigados: Juan Roselló Martínez, Francisco Zorrilla Soriano, Alberto Mut Noguera, Jesús Lara Santamaría, Francisco Artacho, Victoriano Sánchez Sánchez y Antonio Ramón Céspedes López. Tras una instrucción que finalizó en 2016 y después de múltiples recursos y una primera suspensión, ahora llega la vista oral.