XÀBIA.- El velero que encalló recientemente en la costa del Primer Muntanyar de Xàbia no es solo una embarcación de recreo más, sino un bien con un pasado judicial. Según ha podido saber este diario, la embarcación fue comprada en una subasta organizada por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), un organismo dependiente del Ministerio de Justicia encargado de administrar y disponer de bienes incautados por delitos, principalmente relacionados con el crimen organizado, el narcotráfico o el blanqueo de capitales.

Este tipo de subastas forman parte de una estrategia para aprovechar económicamente los bienes intervenidos judicialmente, que de otro modo quedarían abandonados o perderían valor. Así, barcos, coches, relojes, propiedades y otros artículos son puestos a disposición del público mediante subastas electrónicas supervisadas por la ORGA.

En este caso, el actual propietario del velero lo adquirió legalmente en una de estas subastas. Se trata de una embarcación de unos 15 metros de eslora, que se encontraba fondeada frente a la costa de Xàbia cuando un temporal de viento y lluvia, ocurrido el 24 de julio, provocó que se soltara de su anclaje y terminara encallando en la zona rocosa del Primer Muntanyar. En el momento del incidente, el barco no llevaba tripulantes a bordo.

Desde entonces, la embarcación permanece varada en una zona de difícil acceso tanto por mar como por tierra. Su extracción requiere una operación técnica compleja, que está siendo planificada por una empresa especializada en reflotes, contratada por el propio dueño del barco. Sin embargo, dicha operación no puede llevarse a cabo sin las autorizaciones pertinentes de la Capitanía Marítima y la Jefatura Provincial de Costas, dado que la embarcación se encuentra sobre una franja litoral especialmente sensible desde el punto de vista medioambiental.

El caso ha despertado interés no solo por el impacto visual del velero varado, sino también por su origen judicial y por la complejidad del proceso administrativo para su retirada. Mientras tanto, el Ayuntamiento y otros organismos vigilan la situación para minimizar riesgos tanto para el entorno como para la seguridad marítima.