ALICANTE. Las asociaciones vecinales y entidades sociales agrupadas en torno a la Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS), en coordinación con el grupo municipal de Esquerra Unida Podem en el Ayuntamiento de Alicante, presionan al equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), para que presente recurso de casación frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que reconoce a XC Business 90 la concesión de licencia ambiental para la instalación de una planta de almacenaje de combustibles en el Puerto por silencio administrativo positivo con nuevos argumentos en los que fundamentar esa impugnación.

Entre ellos, la respuesta facilitada por el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius, en nombre de la Comisión Europea respecto a la queja trasladada por el europarlamentario de Esquerra Unida (EU), Manuel Pineda, sobre dicho proyecto. En concreto, en esa contestación se dejaría constancia de que la Directiva Seveso, sobre el control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, aprobada en 2012, se deja constancia de que "las instalaciones para el almacenamiento de petróleo con una capacidad de, al menos, 200.000 toneladas, deben ser evaluados en función de su impacto sobre el medio ambiente". Se trataría de un requisito al que quedaría ajustado la propuesta de XC Business en la medida en que con el desarrollo de los 18 depósitos de sus dos primeras fases, dispondría de capacidad para almacenar 700.000 toneladas de carburantes, según argumentan.

Pero no solo eso. En la misma respuesta se indica igualmente que "según la Directiva sobre los hábitats, las autoridades solo se declararán de acuerdo con un proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión" y que "también deben adoptar medidas para evitar el deterioro de los hábitats y la perturbación significativa de las especies en los espacios Natura 2000, así como para respetar el régimen de protección de las especies también fuera de Natura 2000". 

A juicio de la PPS y de Esquerra Unida Podem, se trataría de consideraciones de aplicación en el caso de la planta de almacenaje de carburantes prevista en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante en la medida en que su instalación podría afectar al LIC de la Isla de Tabarca y a un área encuadrada igualmente en la red Natura 2000.

Al margen de ello, la PPS y la confluencia política insisten en apuntar otros supuestos incumplimientos ya señalados con anterioridad respecto a la tramitación del proyecto que, a su juicio, constituirían base suficiente para que se revocase la modificación de la concesión por la que se dio encaje a la implantación de los depósitos, aprobada por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria en 2019.