Once meses ha tardado el Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por una coalición de PP y Vox , en llevar a pleno la autorización de compatibilidad para que la edil Mari Carmen Portugal, de la formación ultra, compagine la dedicación exclusiva del Consistorio, más de 50.000 euros al año, con otros dos empleos en entidades privadas: la Escuela de Protocolo adscrita a la UMH y la Universidad de la Rioja. Pidió el permiso el pasado mes de julio, al poco de las elecciones, y el proceso se ha dilatado en el tiempo por inercia, por restarle importancia al asunto, o por pura ineficacia de la concejala de Recursos Humanos Agustina Rodríguez (PP) y, por extensión, del alcalde José Vegara. Es preceptivo que los cargos públicos tramiten el permiso de compatibilidad para combinar lo público con los privado, aunque sea para montar un tenderete de ajos en el mercado.
Por tanto la señora Portugal ha transitado en un limbo jurídico bordeando la ilegalidad salvo que queramos pensar que la sola petición del permiso (julio 2023) es una especie de bula con efectos retroactivos, que va a ser que no: por eso el asunto se vio en pleno municipal hace unos días, porque el trámite es de obligado cumplimiento. Desde la oposición, la portavoz socialista Carolina Gracia ha llegado a reclamarle que devuelva el importe de todo lo cobrado en todos estos meses. Desde Cs, formación que lidera José Aix, la concejala Luisa Boné tampoco se ha cortado un duro tal y como bramó en pleno: “Usted [Portugal] ha venido al Ayuntamiento a hacer caja”. Ávida dollars.
La cosa desde luego no pinta nada edificante para una formación, Vox, que nos iba a redimir de todos nuestros pecados. Ave María Purísima. No sé si son edificantes tampoco los 51.000 euros que se lleva nuestra protagonista por dirigir dos áreas tibias, de índole menor, que no sé si dan tanta faena: Estadística y Familia. Me da que no. Que no se mata, quiero decir. Por la mera ley de la lógica lo normal es que hubiera renunciado a parte de la dedicación exclusiva, que es lo que hizo el exalcalde de Elche, el socialista Carlos Gonzalez, para poder ejercer la abogacía en un gabinete privado. Pero aún siendo todo esto importante hay otra cosa más gorda y más fea: el argumento esgrimido por Vox en el sentido de que Portugal cumple su horario de 8 a 2. Agárrense los machos. Cumple escrupulosamente como cualquier otro empleado público. ¿No habíamos quedado que se está en política por vocación de servicio público y que se es concejal las 24 horas del día?. ¿Y si desahucian a una familia a media tarde?. Bueno, no sé si los desahucios entran en el radar de interés de los ultras. Es un mero ejemplo.
La señora Portugal tiene todo el derecho del mundo a trabajar en la privada. Entre otros motivos por si el día de mañana vienen mal dadas. También tiene todo el derecho a pertenecer a la clase media desahogada. Y por supuesto a ser rica. Pero el sueldazo municipal, que sale del erario, no puede ser el eje vertebrador del ascensor social so riesgo de que alguien pueda pensar que esta señora tiene la cara de cemento armado.
