Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) están a la vuelta de la esquina. Los municipios de más de 50.000 habitantes tienen la obligación legal de crearlas durante este 2023. Otra cosa es cómo su desarrollo. Por el momento, es gradual: hay ciudades que ya las tienen en marcha; otras, con primeras medidas, y una tercera fase, con todo por hacer. Lo que está claro es que es una regulación estatal, que viene  emanada por la Unión Europea, y que acabarán poniéndose en marcha. 

Aquí la gran duda que se avecina en los próximos meses es si esas Zonas de Bajas Emisiones generarán cierta tensión entre agentes y colectivos implicados y si esa tensión acabará en refriega política. También la ordenanza que las regula tiene incógnitas. Por el momento, Vox ya ha anunciado que las batallará, todo un aviso para futuras composiciones de gobiernos locales. 

Pase lo que pase en la esfera política, lo que sí parece claro es que la aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones no deja de ser un objetivo legal, que hay aplicar, insisto, pero que su grado de aceptación depende mucho de si los gobernantes locales han hecho los deberes a tiempo. Es decir, no se trata (o no debería ser) de un cambio radical; una zona acotada no se cierra al tráfico, o se cierra con condiciones de la noche a la mañana, sino que se trata de un proceso paulatino; de un conjunto de políticas, algunas de ellas financiadas con fondos europeos, y por tanto, de un proceso de concienciación ciudadana, y del resto de agentes implicados, para lograr una transformación en la movilidad.

Lo dicho, en esto hay varias velocidades. En la provincia de Alicante, por ejemplo, hay ocho ciudades obligadas a implantarla. Por el momento, las ciudades con más medidas implantadas son Alcoy y Benidorm; le seguirían Alicante y Elche. Del resto, hay menos medidas, o se conocen pocas.