La Generalitat Valenciana ha dado un paso ambicioso hacia la modernización con su nuevo Decreto Ley 7/2024 de simplificación administrativa. Este plan promete agilizar trámites, reducir la burocracia y llevar la administración pública al siglo XXI. Sin embargo, tras un análisis más profundo, surgen dudas sobre si esta transformación digital beneficiará realmente a todos los ciudadanos por igual.
Por un lado, la iniciativa es positiva. La simplificación de procesos y la digitalización pueden hacer la vida más fácil a muchos valencianos, ahorrando tiempo y recursos. El decreto incluye medidas para impulsar la actividad económica, modernizar la administración local y fomentar la participación ciudadana, todo ello apoyado en nuevas tecnologías.
No obstante, es crucial preguntarnos: ¿Estamos creando involuntariamente nuevas barreras para los colectivos más vulnerables? La brecha digital sigue siendo una realidad para muchos, especialmente para personas mayores, residentes en zonas rurales o familias con bajos recursos. Aunque el decreto menciona medidas para abordar esta brecha (artículos 26-30), queda la duda de si serán suficientes para garantizar un acceso equitativo a todos los ciudadanos.
Además, al contrastar la normativa con los estándares europeos actuales, se evidencian algunas lagunas en materia de seguridad y protección del usuario que, probablemente, deberán desarrollarse; concretamente:
- Si bien el Decreto aborda varios aspectos relacionados con la seguridad digital y la protección de datos, no proporciona un marco detallado de medidas de ciberseguridad. Sería beneficioso desarrollar más a fondo estos aspectos para garantizar una protección robusta de los sistemas y datos de los ciudadanos en esta era digital.
- Aunque se menciona el cumplimiento con la normativa de Inteligencia Artificial, no se detallan salvaguardas específicas. No se mencionan mecanismos concretos de supervisión o auditoría de estos sistemas, ni se abordan específicamente las cuestiones de accesibilidad para grupos vulnerables en relación con estos sistemas de IA.
Estas omisiones y lagunas plantean preguntas importantes: ¿Cómo podemos garantizar que la simplificación administrativa no se convierta en una complicación para aquellos menos familiarizados con la tecnología?, ¿estamos sacrificando la seguridad y la privacidad en aras de la eficiencia?
El éxito real de estas medidas dependerá de su capacidad para incluir a todos los sectores de la sociedad, por lo que resulta fundamental que la Generalitat desarrolle y amplíe estos aspectos de seguridad y accesibilidad.
La verdadera medida del éxito de esta simplificación administrativa no será solo su eficiencia, sino su capacidad para servir equitativamente a todos los valencianos, sin dejar a nadie atrás en esta revolución digital. El camino hacia una administración del siglo XXI debe ser inclusivo, seguro y accesible para todos.
El autor es abogado experto en consumo
