ALICANTE. La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) no conllevará ningún perjuicio económico en los niveles de actividad del comercio y la hostelería en la medida en que el acceso de la ciudadanía al ámbito englobado en la delimitación territorial sobre la que se extiende su alcance quedará garantizado al no incorporar nuevas restricciones y contemplar medidas adicionales como el fomento del transporte público y el uso de los parkings disponibles en los que poder estacionar el vehículo particular sin incrementar las emisiones de dióxido de carbono para moverse por el centro del casco urbano. Es más, se augura que el desarrollo de la ZBE contribuirá a mejorar los balances de afluencia de clientes y, por consiguiente, también el volumen de facturación en ambos sectores, que podría sustanciarse en un incremento de hasta un 10%.

Esa es, como mínimo, la conclusión que se alcanza en la memoria económica incorporada al proyecto de la ZBE, a partir del análisis de los datos registrados tras la implantación de esa nueva regulación de la movilidad en la ciudad de Madrid, que se puso en marcha a partir del año 2022. Dicho proyecto técnico específico sobre la ZBE de Alicante, elaborado por la consultora TEVA (que ahora permanece en exposición al público tras su aprobación en Junta de Gobierno), es el último documento necesario para que ese sistema de control y seguimiento del tráfico ideado para mejorar la calidad del aire pueda ponerse en marcha, después de que ya se haya emitido un primer dictamen favorable en comisión informativa a su ordenanza reguladora que se prevé que queda ratificada con los votos del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP) y de Vox en el próximo pleno.