ALICANTE. La subida del recibo de la basura que todos los ayuntamientos quedan obligados a abordar para equiparar los ingresos con el coste real del servicio por mandato comunitario ya solo queda sujeta en Alicante a un hipotético acuerdo in extremis entre el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), y el grupo municipal de Esquerra Unida Podem. La propuesta de incremento planteada por los populares quedó desestimada este miércoles con comisión informativa de Hacienda con el voto en contra de las cuatro formaciones que ejercen funciones de oposición: PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem. 

Sus representantes justificaron su voto negativo con el argumento de que no se había atendido sus aportaciones para introducir una mayor progresividad fiscal en beneficio de las rentas bajas, como ya ha informado este diario, a pesar de que, como mínimo, sí se admitió una enmienda transaccional negociada entre los populares y la confluencia que lidera Manolo Copé como portavoz municipal, durante las últimas semanas, en las que se ha tratado -hasta ahora sin éxito- de cerrar un acuerdo que permita desbloquear la actualización de la ordenanza fiscal que regula la tasa.

Con todo, lo cierto es que ese gesto augura todavía un posible entendimiento antes de que el planteamiento se someta a debate y votación en pleno, el próximo martes 5 de noviembre. Cuando menos, las dos formaciones todavía contemplaban hasta este miércoles esa posibilidad. En primer lugar, porque no se habría producido una respuesta definitiva respecto al documento de condiciones planteado por Esquerra Unida Podem que el PP debería asumir como requisito para que la confluencia pudiese decantarse por una abstención que facilitase la aprobación de la subida de los recibos. 

Se trata de una relación de peticiones que se extiende más allá de la propia ordenanza fiscal, con medidas de carácter político, como la derogación de los artículos de la Ordenanza de Convivencia Cívica anulados por sentencia del TSJ (pendiente de resolución del recurso de casación registrado por el Ayuntamiento), o el descarte de iniciativas que el PP habría pactado con Vox, como la oficina de apoyo a la maternidad o la oficina de asesoramiento frente a la okupación. Y, además, alcanzaría a la planificación de los presupuestos de 2025 con la incorporación de propuestas en educación, vivienda o movilidad que podrían financiarse con los más de 15 millones a recaudar con la subida de la basura que liberarían esos recursos para otros fines.