ALICANTE. El debate sobre la limpieza (o la falta de ella) vuelve al primer plano de la actualidad municipal en Alicante con el cierre de plazo para la presentación de enmiendas políticas a la propuesta de actualización de la ordenanza municipal específica promovida por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP). Las cuatro formaciones que ejercen funciones de oposición -PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem- han presentado sus respectivas aportaciones con las que pretenden forzar cambios en su redacción que puedan contribuir a mejorar la imagen de la escena urbana: uno de los aspectos que mayor controversia sigue generando desde hace más de dos mandatos, a pesar de la renovación de la contrata del servicio materializada en 2023. 

Cada uno de los cuatro grupos opositores ha tratado de poner el foco en determinadas aportaciones concretas. En primer término, el PSOE -que presenta una batería de 27 modificaciones- ha apostado, principalmente, por reforzar el papel de los inspectores municipales a cargo de la supervisión del servicio con el fin de que puedan fiscalizar su prestación, sin oponerse a que puedan quedar capacitados para iniciar expedientes de infracción en caso de detectar comportamientos indebidos. Es decir, una de las principales novedades recogidas en la propuesta elaborada por el PP. Los socialistas no se oponen a esa nueva potestad, pero sí inciden en que la imposición de sanciones es potestad de la Policía Local, para que los inspectores se centren en su función específica.

Al margen de ello, el PSOE también reclama que se consideren como infracciones graves (y no leves) comportamientos como miccionar o defecar en la vía pública, que se prohíba el triaje entre los residuos depositados en los contenedores, que se castigue la introducción de envases, colillas o cigarros en las zonas de baño, o que se prohíba el lavado de vehículos en la vía pública, por ejemplo.

En segundo término, el grupo municipal de Vox -que ya había expresado su apoyo al texto propuesto por el PP- aboga fundamentalmente por un refuerzo en la cuantía de las sanciones respecto a algunas de las infracciones que generan mayor grado de suciedad, como miccionar en la vía pública o no recoger las deposiciones de las mascotas. Así lo ha destacado el edil Óscar Castillo al señalar que "la ordenanza en sí ya era buena, pero hemos querido reforzar lo que venimos diciendo de tener mano dura con los incívicos por ello vamos a aumentar gran parte de las sanciones a los infractores". Así, a modo de ejemplo, en el texto actual de la ordenanza se prevé una multa de 600 euros por miccionar en la vía pública, que Vox plantea elevar hasta los 750 euros.