Alicante revisa la ordenanza de limpieza con más sanciones tras otro acuerdo entre PP y Vox

ALICANTE. Primero la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Y ahora también la actualización de la ordenanza de limpieza. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), vuelve a alcanzar un principio de acuerdo con el grupo municipal de Vox para sacar adelante la revisión de la regulación municipal con la que se aspira a mejorar la imagen de la escena pública de la ciudad. La propuesta ha quedado aprobado este martes en la reunión semanal de la Junta Local, con la previsión de que pueda elevarse a pleno en cuanto concluya su periodo de tramitación: presentación de enmiendas, comisión informativa y pleno. En principio, su entrada en vigor podría producirse entre finales de este año y principios de 2025, en el caso de que llegue a prosperar con respaldo mayoritario en el momento en el que se someta a debate y votación en pleno.

Por lo pronto, el grupo municipal de Vox ha confirmado su respaldo a la regulación planteada por los populares, aunque se pretende "presentar enmiendas con el fin de que pueda incrementarse el importe de las multas previstas para sancionar a los infractores", según ha anticipado el edil Óscar Castillo. Eso sí, el regidor también ha recalcado que el previsible apoyo a la ordenanza no implica que Vox vaya a facilitar sus votos para que pueda aprobarse la revisión de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos: de la que depende el importe del recibo de la basura. Castillo ha reiterado que la posición de Vox sigue siendo contraria al incremento que se pretende aplicar con esa actualización, como mecanismo para poder equiparar la recaudación al coste real del servicio (como establece la normativa comunitaria traspuesta a España).

En todo caso, al margen de que pueda contarse con los votos de los cuatro ediles voxistas para poder aprobar la ordenanza de limpieza, el vicealcalde y edil de Limpieza, Manuel Villar (PP), ha asegurado que, a partir de ahora, se prevé extender los contactos con otros grupos políticos con la esperanza de que también puedan respaldar la ordenanza. "Es una buena propuesta, una de las más avanzadas del conjunto del país", ha defendido Villar. Con todo, por el momento ningún otro grupo opositor (PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem) ha anticipado que vaya a secundar la propuesta. De hecho, tras un primer análisis, han considerado que resultaba insuficiente.

¿Qué contempla esa nueva regulación sobre la limpieza? Entre sus principales novedades figura la incorporación de nuevos supuestos sancionadores, que pasan de los 63 previstos en la ordenanza actualmente en vigor, aprobada en 2016, a 86. Además, también se contempla un incremento de las sanciones en los tres tramos contemplados para la graduación de infracciones en toda ordenanza: las leves ascenderán hasta los 750 euros, las graves hasta los 1.500 y las muy graves, hasta los 3.000. De igual modo, entre otros elementos destacados, se promueve el refuerzo del papel de los inspectores municipales a cargo del servicio, que tendrán capacidad para iniciar la instrucción de expedientes de penalización, aunque no tendrán la potestad de solicitar la identificación de posibles infractores, según ha reconocido Villar. Para ello, seguirá siendo necesaria la intervención de la Policía Local, lo que podría dificultar la persecución de comportamientos incívicos. En cualquier caso, Villar sí ha apuntado que los inspectores sí podrán incoar expedientes sancionadores en algunas situaciones que no requieran de identificación, como infracciones cometidas por negocios o en los veladores de establecimientos hosteleros, por ejemplo.

Sin prohibición de fumar en la playa

Al tiempo, la nueva ordenanza no incluye alguna de las medidas que quedaron recogidas en el periodo de participación pública promovido en septiembre de 2023, como la prohibición de fumar en las playas del término municipal: una propuesta que había suscitado un 62% de opiniones favorables, y que había llevado a que el propio alcalde, Luis Barcala, apuntase la posibilidad de valorar esa restricción. No obstante, finalmente "no se ha considerado oportuno" su consideración, ha explicado Villar, quien ha apuntado que "únicamente se contempla la sanción por tirar colillas en la arena", además de otras prohibiciones específicas sobre determinados comportamientos en la playa, como la posibilidad de introducir vidrio o de tirar cualquier tipo de objeto.

En esta línea, fuentes municipales han indicado, a través de un comunicado, que el nuevo proyecto de ordenanza también aborda en materia sancionadora la ordenación de las actividades inspectoras sobre la actividad que incide en la limpieza y los residuos, y tipifica nuevas conductas infractoras emergentes en la realidad cotidiana actual. Todo ello sin perder de vista que la voluntad del Ayuntamiento es "hacer cumplir las normas a través de la concienciación e información mediante programas específicos para toda la ciudadanía", según apunta la nota pública.

Villar ha apuntado que "la nueva normativa aborda todos los aspectos relacionados con la limpieza urbana, la recogida y gestión de los residuos, incluyéndose de forma específica la recogida selectiva, así como la regulación y, por primera vez, la regulación del uso del Centro de Transformación de Residuos y la Red de Ecoparques. Además, se refuerzan las facultades de los inspectores tanto en el control de la concesión del servicio como del cumplimiento de la selección de residuos en origen de particulares y en el levantamiento de actas de inspección".

De igual modo, ha apuntado que "este proyecto trata de forma más especifica que la anterior normativa aspectos como la limpieza y recogida de residuos en playas, veladores, de eventos en la vía pública (conciertos,...)". Es más, ha añadido que "estos últimos requerirán tener un plan y un responsable de la gestión de residuos". Al tiempo, la ordenanza establece la obligación de la actividad comercial y de hostelería de la recogida separada de residuos y su depósito conforme a la normativa municipal, "al igual que en los mercadillos, así como una revisión más detallada de la gestión de otros residuos derivados de la construcción y demolición, así como la poda y jardinería o los residuos peligrosos, entre otros". 

Respecto al horario de depósito de residuos, Villar también ha apuntado que "se mantiene entre las 20 y las 24 horas, salvo en el residuo orgánico que requiere el uso de la tarjeta electrónica para la apertura del contenedor". De ese horario queda excluido el depósito de residuos de papel y cartón y los envases, según ha añadido Villar.

Régimen sancionador

En cuanto al régimen sancionador, ajustado a lo que marca la normativa nacional y autonómica, queda delimitado a partir de tres tipos de sanciones, leves, graves y muy graves, que van desde los 300 a los 3.000 euros, con penalizaciones "en las cuestiones que más preocupan a los usuarios, en virtud de la encuesta realizada por el servicio como puedan ser el depósito de papeles, bolsas, colillas, chicles en la vía pública fuera de los contenedores y papeleras, el depósito residuos fuera del horario establecido, o dejar enseres y voluminosos en espacios públicos sin avisar al servicio de recogida, las micciones o defecaciones de personas en la vía pública, que llegan a triplicar la sanción pasado de 300 hasta 900 euros".

De igual modo, se incluye la "no recogida de los excrementos de mascotas y su depósito en los lugares correspondientes, así como la no dilución de las mismas con agua o no llevar bolsas de recogida con multas que pueden alcanzar hasta 900 euros", según detalla el comunicado. También se podrá sancionar la falta de limpieza de grafitis en las fachadas, considerado como una falta grave, con hasta 780 euros. Las sanciones más graves como puedan ser las relacionadas con el abandono de residuos derivados de la construcción o el derribo llegarán al máximo de 3.000 euros.

Las críticas de la izquierda

Al margen del respaldo anticipado por Vox, también se han pronunciado las tres fuerzas del eje progresista que completan la oposición. En primer término, el grupo municipal del PSOE, a través del concejal Raúl Ruiz, ha cuestionado que "la única aportación relevante que ha hecho el gobierno de Luis Barcala a la ordenanza de limpieza ha sido la de autorizar a los seis inspectores municipales a perseguir con multas a los usuarios infractores". Eso sí, se ha mostrado crítico respecto al número de inspectores disponibles: siete en la actualidad, a la espera de que puedan incorporarse otros cinco más, según el anuncio formulado por el primer edil este lunes, en el transcurso del debate sobre el estado de la ciudad.

Así, Ruiz ha apuntado que "pretenden que cada inspector vigile a 56.000 personas en lugar de inspeccionar la actividad de la empresa para que cumpla lo que se estipula en el contrato. Tenemos menos inspectores de los que necesitamos y se van a dedicar a perseguir a la ciudadanía, en lugar de centrar su trabajo en garantizar que lo que pagamos por la limpieza y la recogida de residuos es lo que obtenemos, con el objetivo de que dejemos de ser la segunda ciudad más sucia de España", ha subrayado.

Además, ha remarcado que el Ayuntamiento ha realizado dos encuestas ciudadanas previas al borrador de la ordenanza, una en julio de 2022 cuyos resultados se desconocen, y otra el pasado verano. "Lo que debería de hacer el gobierno es escuchar a la ciudadanía y a los grupos de la oposición para sacar adelante una ordenanza que de verdad sirva como instrumento para mejorar la limpieza de la ciudad", ha añadido. Ruiz ha señalado que la normativa autonómica exigía al Ayuntamiento renovar esta ordenanza de limpieza antes de que se cumpliera un año de la aprobación del Plan Local de Residuos (aprobado en septiembre de 2021). "Sin embargo, han transcurrido tres años y Alicante continúa teniendo su ordenanza caducada", ha apuntado. "Una vez más Barcala llega tarde, muy tarde, y los seis únicos inspectores dedicados hasta hoy a fiscalizar el cumplimiento del contrato dejarán de invertir tiempo en la vigilancia de la empresa para dedicarlo a perseguir a la ciudadanía. Es un despropósito. ¿Acaso van a poner a la policía local a vigilar a la empresa de limpieza? ¿Veremos a los camiones de basura escoltados por coches patrulla?", se ha preguntado el concejal.

En segundo lugar, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, también ha sido crítico respecto a la nueva propuesta del PP al señalar que "para nosotros la Ordenanza de 2017 y la de 2024 son las mismas". "El régimen sancionador es casi idéntico, ¿no sería mejor cumplir la de 2017 e incorporar las mejoras que propusieron en una encuesta ciudadana para modificarla? Dice la alcalde que va a aumentar en cinco los inspectores, pero mañana hay Mesa Negociadora y en la oferta pública de empleo no hay ninguna oferta de inspectores", ha apuntado. "¿Cómo va a incrementar entonces los inspectores cuando en la oferta de empleo que vamos a pactar mañana no figura ningún inspector nuevo? Es más, no es que no haya oferta, es que, además, solo hay dos inspectores para el mantenimiento de edificios públicos, para fiscalización y mantenimiento, y se jubila uno. Tendremos así cuatro inspectores de limpieza y uno de mantenimiento de edificios públicos solo a final de año", ha explicado. 

En esta línea, el líder de la coalición valencianista ha sostenido que el PP "ha pactado con Vox una ordenanza donde se va a poder fumar en la playa. No se va a poder fumar en Muchavista, pero cuando pasemos un poquito a la Playa de San Juan, sí que se podrá fumar", ha apuntado, para subrayar las contradicciones que plantea la nueva regulación. "El Partido Popular gobierna en Guardamar, en El Campello, Torrevieja o Benidorm, y allí no se puede fumar. Aquí sí, cuando contaminan tanto las colillas. Lo que tiene que hacer el Partido Popular es aceptar la auditoría de limpieza, porque estamos pagando anualmente 40 millones a una contrata, ocho más que la anterior, y hay menos barrenderos que antes porque no están cumpliendo los pliegos del contrato. O sea, han cambiado una ordenanza que no se cumple", ha concluido.

Por último, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha sostenido que "es evidente que hay un creciente deterioro en la limpieza viaria, lo que ha generado numerosas quejas de diferentes sectores sociales. Urge optimizar recursos, un aumento en la frecuencia de los servicios de recogida y una mayor vigilancia del cumplimiento de las normativas municipales. Y para esa vigilancia es necesario que haya al menos 14 inspectores para fiscalizar la labor de las empresas concesionarias", ha señalado.

Sin embargo, ha apuntado que "la realidad en 2024 es que hay 7 y uno a punto de jubilarse. La función de inspección es crucial para asegurar que las empresas concesionarias cumplan con las condiciones del contrato, como la frecuencia de los servicios, las jornadas laborales y el uso adecuado de recursos. Así que bienvenida la propuesta de ordenanza, pero que el PP cumpla primero con los medios humanos necesarios", ha recalcado.

Por otro lado, ha manifestado que "se habla en la propuesta de centrarse en la suciedad provocada por animales de compañía, pero esperamos también que se arbitren medidas como la creación de nuevos pipicanes, ya que solo contamos con ocho y en ciudades de tamaño similar como Córdoba se cuenta con 14. Aproximadamente en Alicante hay unos 55.000 perros; eso supone uno por cada seis personas. Y es claramente insuficiente la cantidad de estos espacios en la ciudad", ha concluido.