ALICANTE. La Marina Baixa mira al grifo con desesperación. Altea, l'Alfàs del Pi y La Nucía están a la espera de la decisión de la Dirección General de Salud Pública con respecto al agua potable de las localidades, que han restringido su uso. El motivo, la "elevada turbidez", tal y como recoge el bando de Altea, el último en sumarse a la prohibición este viernes.

Según explica el escrito de Altea, el aviso se lo han hecho llegar a las 14.20 horas de este viernes. Momento en el que han decidido calificar el agua como "no apta para bebida, preparado de alimentos, así como higiene personal, pudiéndose utilizar para cualquier otro uso". No obstante, indican que están exentas las urbanizaciones Sierra Bernia y Altea la Vella.

Este jueves el Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi comenzó las restricciones sobre el uso de agua de consumo humano "debido a que tras los episodios de fuertes lluvias del pasado fin de semana la misma no alcanza los criterios de calidad requeridos por la mencionada dirección general para el consumo humano", manifestaban en un comunicado.

Al mediodía de este viernes, el portavoz del gobierno alfasino, Toni Such, indicó a este diario que los índices de turbidez estaban cayendo. Asimismo, indicó que estaban haciendo pruebas constantes y que podría restablecerse la normalidad durante la tarde del viernes o la mañana del sábado.

Evaluación de daños en la Comunitat

Mientras, el Consell ha aprobado iniciar las actuaciones para paliar los daños producidos por las fuertes lluvias registradas en la Comunitat, y establece un plazo de 45 días, contados desde la publicación de este acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), para que los municipios afectados puedan presentar sus estimaciones de daños, de las infraestructuras y bienes públicos, como consecuencia del temporal.

Así lo ha indicado la Generalitat en un comunicado remitido al término de la rueda de prensa que ha ofrecido la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, tras el pleno, donde ha explicado que una comisión técnica evaluará los daños y hará una estimación presupuestaria con cargo al Fondo de Contingencia para 2017.

Durante el fuerte temporal de los días 27 y 28 de noviembre, 4 y 5 de diciembre y 17, 18 y 19 de este mismo mes, la Comunitat ha sufrido una serie de fenómenos tempestuosos de fuerte intensidad que han producido daños a cultivos, bienes de titularidad pública, infraestructuras agrícolas y redes de caminos locales, agrícolas y forestales, tal como ha lamentado la vicepresidenta. Por ello y ante esta situación, ha defendido que se deben comenzar las acciones pertinentes para conseguir "lo antes posible la vuelta a la normalidad de todas las zonas que se han visto afectadas en toda la Comunitat".

Para ello, se establecerá un plazo de 45 días, desde la publicación del acuerdo en el DOGV, para que los municipios afectados puedan presentar sus estimaciones de daños y, una vez presentadas las solicitudes, se evaluarán por parte de una comisión técnica, presidida por el director de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, y formada por el subdirector general de Emergencias, así como por una persona con rango mínimo de jefe de servicio designadas por cada conselleria o departamento competente.

Asimismo, a la comisión le corresponderá hacer una estimación presupuestaria con cargo al Fondo de Contingencia para el ejercicio 2017, que se someterá a la aprobación por el Consell. En el caso de superarse la dotación presupuestaria prevista, se podrá establecer un prorrateo entre todas las actuaciones financiables, que se imputarán a cargo del Fondo de Contingencia para el ejercicio 2017, sin perjuicio de que los departamentos competentes puedan cofinanciar, con cargo a sus fondos propios ordinarios, las actuaciones previstas hasta el 100 por 100 de su coste.

Ha explicado que la ejecución de las medidas que correspondan podrá llevarse a cabo a través del procedimiento de inversión directa o por medio del procedimiento de subvención. Además, las actuaciones de inversión directa podrán realizarse mediante encargo a medios propios a los que se refiere el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.