ALICANTE. La comisión de fiscalización sobre las oposiciones a Policía Local del denominado caso enchufes se cerrará sin que se haya encontrado pruebas de una posible adulteración en beneficio de determinados aspirantes, por sus supuestos vínculos con mandos policiales, con concejales y expolíticos, con representantes sindicales o responsables de empresas que prestan algún tipo de servicio municipal. Cuando menos, esa es la resolución en la que coinciden los seis grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Alicante en sus respectivas propuestas de conclusiones registradas este martes (último día establecido para hacerlo). Seis, y no cinco como ha sucedido en otras comisiones específicas precedentes, ya que las dos formaciones aliadas al frente de la gestión municipal en el equipo de gobierno (Partido Popular y Ciudadanos) se decantaron esta vez por presentar escritos por separado pese a plantear apreciaciones similares.
Con todo, al margen de esa idea central común, cada formación pone especial énfasis en aspectos particulares sobre el desarrollo de la comisión que, en cierto modo, podrían explicar que se haya compartido esa conclusión global compartida: desde las herramientas de las que se habría dispuesto para determinar la posible existencia de irregularidades; a la obstaculización de esos trabajos de indagación, hasta las ausencias del alcalde, Luis Barcala, y del edil de Recursos Humanos, José Ramón González, pasando por las manifestaciones del comisario principal, José María Conesa, durante su comparecencia.
Al margen de ello, en el caso de las tres fuerzas que conforman el eje del centro-derecha (PP, Cs y Vox) se viene a reflejar que las oposiciones transcurrieron conforme al proceso normativo establecido, mientras que los tres partidos del eje progresista (PSOE, Unides Podem EU y Compromís) comparten que no se ha podido avanzar en las averiguaciones para determinar si existieron o no esas anomalías por los obstáculos que, a su juicio, se habría procurado por parte de la presidencia de la comisión, hasta el punto de considerar que se habría precipitado un cierre en falso de los trabajos a realizar.
El análisis más tajante es el planteado por el PP, a través de su portavoz municipal y presidenta de la comisión, Mari Carmen de España. De acuerdo con su planteamiento, tras la revisión del proceso efectuado en el seno de la comisión, podría concluirse que el proceso de selección se desarrolló en sus tres convocatorias (turno libre, turno de movilidad y turno de consolidación) sin ninguna anomalía. En concreto, el escrito formulado por el PP señala que "tras la celebración de las diferentes sesiones de la citada comisión, las comparecencias realizadas dejaron constancia de la correcta realización de los procesos selectivos, así como el correcto proceso de guarda y custodia tanto de la identidad de los aspirantes como de los exámenes antes y después de su realización".
Además, añade que "toda la documentación en relación a la celebración de los diferentes procesos de oposición aportada a los miembros de la comisión, corrobora, en consonancia con las intervenciones de los comparecientes, que no ha existido ningún tipo de irregularidad en el proceso de oferta pública de empleo de la Policía Local de Alicante, en ninguna de sus modalidades (Turno Libre, Movilidad y Consolidación)". De este modo, el escrito señala "de manera clara y taxativa, que no ha existido ni existe ningún tipo de irregularidad en todo el proceso de oferta pública de empleo de la Policía Local de Alicante, ni siquiera un mero indicio de ésta".
El PP apoya esa conclusión en la existencia de los informes emitidos por los dos miembros del tribunal opositor elegidos por designación de la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias (y, por tanto, no elaborados directamente por responsables de ese organismo, como se llega a apuntar en el escrito), en los que se incide en la corrección de todas las pruebas. Y extiende esa misma apreciación (la ausencia de irregularidades) también a la convocatoria que atañe al turno de movilidad, cuyo progreso sigue paralizado a la espera de que se resuelva el recurso de apelación presentado frente a una de las sentencias que conmina a volver a evaluar a todos los aspirantes. "El proceso selectivo que afecta al turno de movilidad, se encuentra paralizado a falta de resolverse un recurso interpuesto en la misma ante la justicia. No obstante, entendemos que dicha situación no interfiere de ninguna manera en el óptimo desarrollo de la prueba selectiva", concreta el escrito de conclusiones del PP.
Por lo demás, en esa primera propuesta solo resulta significativa la ausencia de toda referencia a las manifestaciones ofrecidas por el comisario principal, José María Conesa, durante su comparecencia ante la comisión, cuando defendió que la difusión del presunto trato de favor era el producto de un complot orquestado contra él por mandos y agentes subordinados suyos (a los que tildó de delincuentes) con la intención de forzar su relevo en el cargo. Y también la omisión sobre la controversia suscitada en torno a las solicitudes de comparecencia del primer edil y del responsable de Recursos Humanos.
