ALICANTE (EP/AP). La junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo ha aceptado el informe elevado por los responsables de la Fiscalía Anticorrupción en Alicante y ha acordado por unanimidad presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) frente a la sentencia absolutoria dictada por la Audiencia en la causa sobre la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, desgajada del caso Brugal. Se trata del paso previsible que ya se adoptó después de que se dictase la sentencia absolutoria relacionada con la causa matriz de ese caso: la seguida por la adjudicación de la contrata de la basura del municipio de Orihuela. De hecho, ese recurso -también solicitado por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante- se interpuso formalmente hace cerca de un año y medio y sigue pendiente de resolución por el alto tribunal.
Como viene informando este diario, la sentencia sobre el PGOU de Alicante, conocida en julio, condena al pago de multas de 6.000 y 18.000 euros, respectivamente, al exalcalde de Alicante con el PP Luis Díaz Alperi y al empresario Enrique Ortiz como autores de un delito de cohecho impropio, al tiempo que absolvía a la también exalcaldesa, Sonia Castedo.
La decisión de la Junta de Fiscales se produce después de que la Audiencia instase a las partes interesadas en presentar recurso a personarse ante el TS para poder formalizar esa impugnación, como anticipó Alicante Plaza. Así, será la Fiscalía del TS la que lo interponga con la solicitud de que se vuelva a celebrar el juicio con un tribunal distinto, en función del informe propuesta elevado por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante.
