ALICANTE. La solicitud de autorizaciones para instalar plantas fotovoltaicas se ha disparado en los últimos años en la Comunitat. La Administración pública ha favorecido este boom. El Consell fue clave, con la aprobación del Decreto-Ley 14/2020, de 7 de agosto, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica. Desde entonces, la provincia de Alicante se ha visto saturada de peticiones para implantar estas centrales de energía renovable. Es más, se ha posicionado como líder dentro de la Comunitat Valenciana en lo que respecta a voltaje, con dos mil seis plantas fotovoltaicas instaladas. Mientras que en toda la Comunitat hay casi seis mil instalaciones de energías renovables.
Según confirmó la secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo, Empar Martínez (de quien depende la Dirección General de Industria, Energía y Minas), «ya superamos a Madrid, Cataluña y País Vasco». Las solicitudes de autorización para implantar centrales fotovoltaicas se han reproducido y las hay desde pequeños proyectos —de apenas 3 MW— hasta megaplantas de 110 MW. Pero este impulso energético también ha forzado a que ciertos ayuntamientos de la provincia de Alicante se blinden para proteger su territorio.
Grandes proyectos
Entre las megaplantas que ya han obtenido el sí de la Administración se encuentra la de X-Elio en Xixona, que ya se ha materializado con el montaje de las placas y tiene capacidad para abastecer a más de 25.000 viviendas. La instalación PSF Turroneros —que así se llama la planta— suma 35 MW y está tramitando su ampliación a 15 MW más, lo que supondría un total de 50 MW. La firma energética está presente en más puntos de la Comunitat. En la provincia de Alicante también ha impulsado 120 MWp en Villena, a través de CSF La Atalaya, que ocupa 154 hectáreas y cuenta con un presupuesto que asciende a los cien millones de euros —incrementando los setenta millones iniciales por la inflación—.
Siguiendo con el área del Vinalopó, el Gobierno ha dado luz verde a dos megaplantas. La primera de ellas, la del fondo de inversión valenciano Atitlan, a través de una sociedad participada por la alicantina Awergy Aure Capital Partners (ACP), que asciende a 89 MW y más de 38 millones de euros. La planta Argos obtuvo en julio la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y estimó que será en 2023 cuando podrían iniciarse las obras de esta instalación, que evitará la emisión a la atmósfera de 65.000 toneladas de CO2.
El segundo megaproyecto en Villena es algo más polémica. Se trata de los 57 MW que la mercantil Renovables Rotonda S.L. proyecta, además de en el municipio villenero, en Camp de Mirra, Cañada, Beneixama y Caudete, esta última de la provincia de Albacete. Y es que el Gobierno le ha otorgado autorización administrativa previa para desarrollar la FV Benejama-Rotonda I, pese a que el Consell la consideró incompatible por superar la ocupación de suelo permitida y distar 28 kilómetros de la subestación de volcado. Mismo argumentario que utilizó para la instalación La Oliva, de 59 MW, impulsada por EDP Renovables España.
También importante es el parque solar PSF Leima, en el que Global Solar Energy pretende inyectar 110 MWp en cinco municipios de la comarca de L’Alacantí (Alicante, Mutxamel, Busot, El Campello y Sant Joan d’Alacant), que invertirá 58,7 millones. Así como los 270 MW que el grupo Green Capital Power, capitaneado por Jesús Martín Buezas, yerno del presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, proyecta en Monóvar, que ocupará una superficie de seiscientas hectáreas y supondrá una inversión de 120 millones de euros.
No solo el yerno del presidente del Real Madrid se ha interesado por la provincia; el mismo Florentino Pérez también lo ha hecho en dos municipios: Castalla y Villena. En la localidad de la comarca de l’Alcoià el anunció no cayó bien y el Ayuntamiento decidió presentar una serie de alegaciones contra los 100 MW a través de Cobra Concesiones, ocupando unas doscientas hectáreas e invirtiendo 55,7 millones de euros. En Villena los números suben algo más: serán 140 MW y 76,4 millones de euros, promovidos por Sistemas Fotovoltaicos de Levante, entidad con domicilio social en Madrid.
En las megacentrales compartidas entre municipios se encuentra FV La Cerámica, un proyecto fotovoltaico perteneciente a la sociedad limitada Luminora Solar Cinco, integrada en Powetis y esta, al mismo tiempo, en la murciana Soltec Power Holdings. Se trata de 95 MW, con una inversión de 40,3 millones de euros, que se repartirán entre los términos municipales de Monforte del Cid y Agost y volcará la energía generada en la subestación de San Vicente del Raspeig. Las empresas tampoco se olvidan de localidades como Elche, donde la alemana Viridi avanza en la tramitación de su planta de 108 MW (que también abarca los términos municipales de Monforte y Agost) a través de FV El Secarral, de 62,5 millones de euros entre la central, la subestación elevadora y la línea de alta tensión.
Si bien hay en tramitación multitud de proyectos de mucho menor voltaje, destaca uno de potencia media que recientemente ha obtenido luz verde ambiental: FV Alhorines. Se trata del primer desarrollo fotovoltaico de Iberdrola en la Comunitat Valenciana, en concreto, en La Encina (pedanía de Villena), el cual asciende a 50 MW que evitará la emisión a la atmósfera de 11.500 toneladas de CO2. Un dato curioso sobre este proyecto es su vocación de producir miel ecológica, pues entre sus paneles se instalarán varias colmenas, además de sembrarse plantas aromáticas en el terreno de la instalación para atraer a los insectos polinizadores.
Los municipios se blindan
Ante esta proliferación desmedida de peticiones, y como ya se han dado casos de plantas que superan el porcentaje de superficie permitida para su instalación, hay quienes han tomado medidas para proteger su territorio. Castalla fue el primer municipio que dio el paso para fijar una regulación urbanística que permita hacer frente a los proyectos que tienen en espera para instalar, modificando el PGOU para zonificar el suelo en el que se podrían instalar plantas fotovoltaicas que aún no estuvieran impulsadas.
Por su parte, la planta fotovoltaica de 95 MW que prevé instalar la mercantil Luminora Solar en Agost y Monforte llevó a ambas localidades a blindarse, firmando sus ayuntamientos un acuerdo de colaboración para diseñar un Plan Especial que regule la implantación de los proyectos fotovoltaicos. Un mecanismo compartido para evitar duplicidad de trámites y que busca establecer los criterios y compromisos para impulsar y tramitar las instalaciones fotovoltaicas.
En cuanto a Xixona, el consistorio decidió suspender el otorgamiento y admisión a trámite de las licencias para implantar no solo plantas fotovoltaicas, sino también proyectos eólicos en todo el suelo no urbanizable de la localidad durante un plazo máximo de dos años. Una suspensión que, al igual que en Castalla, no afectaría a las instalaciones que ya hubieran iniciado su trámite con anterioridad, que contaran con la Declaración de Interés Comunitario (DIC) o que estuvieran destinadas al autoconsumo.