ALICANTE. Los seis grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Alicante (PP, PSPV-PSOE, Cs, Unides Podem EU, Compromís y Vox) constituyeron formalmente este viernes la comisión específica para la fiscalización y control del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales, en función del acuerdo de pleno promovido por el grupo socialista, en septiembre del año pasado. La propuesta se acabó aprobando por unanimidad, en lo que -a priori- podría constituir una apuesta por la transparencia de la que pretendería hacer gala el bipartito que conforman PP y Cs. No obstante, no ha sido hasta ahora cuando el equipo de Gobierno ha accedido a su puesta en marcha, justo a un mes vista de que el polémico contrato en manos de UTE Limpal (Clece y Fissa) llegue al final de su duración.
Sea como fuere, lo cierto es que la apertura de los trabajos de la comisión puede acabar suponiendo toda una apertura de la caja de Pandora de consecuencias imprevisibles, a juzgar por el contenido del expediente de fiscalización llevado a cabo por los responsables municipales (técnicos) de uno de los contratos de mayor coste económico de los que dependen del ayuntamiento. El contrato se adjudicó bajo el mandato del extinto tripartito por 15,2 millones anuales durante un total de dos años (más dos posibles prórrogas de un año cada una, que no se han solicitado).
En ese expediente figuran los informes elaborados por el técnico responsable del contrato, J.R., sobre la prestación del servicio a partir de octubre de 2018 (siete meses después de que UTE Limpal asumiese la prestación del servicio) a petición del exconcejal de Infraestructuras, el popular Israel Cortés. En esos informes, emitidos entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, se dejaría constancia de la existencia de varios supuestos incumplimientos de las obligaciones ordinarias establecidas por contrato, como informó Alicante Plaza. Entre ellos, se mencionan algunas de las carencias denunciadas por los propios trabajadores de la UTE: falta de control efectivo de las horas de trabajo de los operarios, al no existir un sistema de fichaje electrónico; recorte de horas de limpieza respecto a lo previsto en el pliego de condiciones técnicas; la no realización de trabajos concretos como la limpieza de canaletas; ausencia de la maquinaria requerida; falta de contenedores para recogida de residuos orgánicos; desabastecimiento de productos para llevar a cabo la limpieza; ausencia de información sobre la cobertura de bajas de los trabajadores; e inexistencia de equipos de refuerzo ni para atender emergencias.
Como se refiere en esos escritos, en ningún caso se llegó a detraer pagos por la falta de prestación del servicio, a través de las certificaciones mensuales que aprueba el equipo de Gobierno, y tampoco se aplicaron posibles sanciones. Así se expone, de hecho, en los informes de respuesta evacuados por el jefe del Servicio de Infraestructuras, J.M., en los que se insta de manera constante al técnico responsable del contrato a aportar documentación que acredite esos presuntos incumplimientos, en lugar de limitarse a aportar lo que llega a considerar como "vaguedades" o aparentes contradicciones.,Además, el jefe de Infraestructuras solicita al responsable del contrato que detalle la labor de notificación a la gerencia de la UTE para apremiarle a corregir esas supuestas faltas, al considerar que se trata de una de las funciones que le competen para velar por el cumplimiento del contrato. Igualmente, le conmina a ejercer las competencias de las que dispone para cuantificar minoraciones en las certificaciones de pago, posibles sanciones y hasta la tramitación de posibles contrataciones paralelas como solución alternativa para que se pudiese prestar ese trabajo supuestamente no realizado por la concesionaria (cargándole después su coste).
