ELCHE. Un día después de que se hiciera público que la conselleria de Política Territorial y Urbanismo plantea regularizar 350.000 viviendas ilegales en todo el territorio valenciano, lo cual presentó en Elche en una reunión junto al equipo de gobierno y los técnicos por la situación de irregularidad de empresas y chalets en el municipio, las reacciones no se han hecho esperar. Entre ellas, de algunos integrantes de la Associació per al Desenvolupament del Camp d'Elx (ADR), que no descartan ir al Síndic de Greuges después de estudiar la situación, por el agravio comparativo por quien sí cumplió con la legalidad urbanística, o lo intentó con nuevas actividades.

Agravio comparativo por intentar legalizar 

En ese sentido, como señalaba el jueves este medio, a lo largo de las pedanías hay al menos 300 empresas en situación irregular en suelo no urbanizable, de las que por el momento tan solo 15 han tocado a la puerta de Conselleria para regularizar su situación. Como indican algunas de las fuentes consultadas en ADR, "mucha gente en el campo lleva sufriendo las consecuencias" de no poder haber desarrollado actividades propias del campo por obstáculos legales o burocráticos. Entre algunos casos, bodegas que se han tenido que instalar en el Polígono de Carrús, al igual que productoras de zumo de granada o incluso otras que se han desplazado a Catral porque no se les permitía desarrollar esa actividad en el campo. 

Ahora no entienden por qué se les permite regularizar su situación a quienes no han cumplido con la ley, cuando otros han 'sufrido' las consecuencias de intentar legalizar su actividad. Y apuntan que "en algunos restaurantes que llevan activos 50 años se han tenido que hacer obras espectaculares, con instalación de depuradoras y otros acondicionamientos a la normativa urbanística". Lamentan que en su momento desde Urbanismo se les llevó a instalarse en los polígonos porque su actividad era industrial: "¿qué sentido tiene instalar en Carrús una actividad de transformación agrícola?", reflexionan.