BENIDORM, (EFE). La Agencia Valenciana Antifraude ha resuelto aplicar el estatuto de persona denunciante al criminólogo del ayuntamiento de Benidorm, una figura creada para proteger a aquellas personas que han denunciado alguna situación y para evitar que éstas sufran represalias o actuaciones lesivas derivadas de dichas denuncias.

En la resolución fechada el pasado 2 de marzo se indica que se le aplica este estatuto "por sus denuncias de hechos presuntamente delictivos relativos a la gestión de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad", una tarea de la cual el citado criminólogo era responsable.

Este funcionario, Justo López, había denunciado en 2015 la actitud de algunos funcionarios del Ayuntamiento que, al parecer, se aprovechaban de penados que se encontraban trabajando en beneficio de la comunidad.

El criminólogo era el responsable del programa de penados y tras aquellas denuncias afirmó no sentirse responsable de los mismos. El programa fue suspendido y a López se le abrieron varios expedientes disciplinarios.

Posteriormente, en agosto del año pasado, el alcalde, Toni Pérez, decretó la suspensión de empleo y sueldo durante tres años que el mes pasado fue revocada de forma cautelar por el juez.

Una vez reintegrado a su puesto de trabajo, la Agencia Valenciana Antifraude ha resuelto aplicarle el referido estatuto y advierte en la resolución de que "cualquier acto de intimidación o represalia que pudiera perturbar la vida profesional o laboral" del funcionario "deberá ser comunicado a esta Agencia en el plazo más breve posible a fin de ejercer las medidas correctoras".

Si se incumplieran las medidas de protección, la ley prevé multas que pueden llegar hasta los 400.000 euros en caso de infracción muy grave.

No obstante, dicha resolución de la Agencia ha sido recurrida por el Ayuntamiento tras el decreto de Alcaldía del pasado 8 de marzo.

En el decreto se establece la remisión a la Fiscalía de Benidorm de una copia del propio decreto requiriendo la nulidad de la disposición de la Agencia. Por otro lado, también se determina la remisión a la propia Agencia Valenciana Antifraude el requerimiento para que acuerde la suspensión de la eficacia de su resolución".

El alcalde de Benidorm también pide a la Agencia que dicte otra resolución "adaptada a la legislación vigente, con la audiencia de esta corporación, que goza de autonomía para la gestión de sus intereses".