ALICANTE. El Consell da una nueva orientación al futuro complejo que centralizará los juzgados de la ciudad de Alicante en el solar del antiguo cuartel de San Fernando -frente a las dependencias del actual Palacio de Justicia de Benalúa- para que pueda atender las necesidades de todos los servicios previstos. De hecho, se acaba de validar una ampliación del programa funcional del proyecto que se había trazado originalmente con el objetivo de dar encaje a todos los órganos judiciales planificados para el partido judicial de Alicante, a los que se añade la incorporación de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito y un Centro de Mediación, así como las instalaciones asociadas a la actividad del Instituto de Medicina Legal (IML) para el desarrollo de pruebas forenses. 

Ese ajuste se sustanció el pasado 15 de diciembre a través de una modificación del contrato para la redacción del proyecto constructivo que se había adjudicado a la empresa Ayesa Ingeniería y Arquitectura en enero de 2019. En concreto, dicho acuerdo, refrendado por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas -en trámite desde agosto de 2019, al que se da carta de naturaleza ahora tras su fiscalización por parte de la Intervención de la Generalitat- comprende un incremento del coste destinado a sufragar esos trabajos de redacción para que puedan incorporarse esas nuevas necesidades. Se trataría de necesidades motivadas por "circunstancias sobrevenidas" que -según el acuerdo de modificación-, no habían podido ser consideradas con anterioridad. Sobre todo, por lo que respecta a las condiciones conocidas a partir de la exposición de los servicios que deberían incorporar las nuevas instalaciones del IML.

Hasta ahora, el planteamiento avanzado por el departamento autonómico que coordina la consellera Gabriela Bravo comprendía la construcción de un edificio abierto y permeable de 31.000 metros cuadrados de superficie edificable, distribuidos en bloques de 7 plantas y una altura máxima de 33,50 metros, sobre una parcela de 5.561 metros cuadrados. De acuerdo con esas previsiones iniciales, el nuevo complejo estaría destinado a albergar las dependencias del Registro Civil, el juzgado de guardia, 13 juzgados de Primera Instancia, 9 de Instrucción, otros 9 de lo Penal, 3 de Menores, 2 de Violencia sobre la Mujer, la sede de la Fiscalía, los gabinetes psicosociales, la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, salas de vistas, espacios de usos complementarios, los colegios de abogados y procuradores, calabozos, archivo, aparcamiento y las dependencias para los servicios de Seguridad y Guardia Civil, además de las instalaciones del IML.

Con esa ampliación del proyecto, el importe del contrato de redacción se eleva hasta un total de 1.573.539 euros (impuestos incluidos) tras sumar otros 452.248 euros al precio por el que se saldó la adjudicación inicial. O lo que es lo mismo, un 40% más, que queda amparado en el límite legal del 50% (impuestos excluidos) para que pueda aplicarse esa modificación, según consta en la propuesta de acuerdo.

El cambio queda justificado, además, en la necesidad de tener en cuenta los incrementos de costes experimentado en el sector de la construcción desde la fase de redacción del proyecto. Al respecto, se añade que no hacerlo condenaría "la licitación y la ejecución posterior de la obra al fracaso, con lo que significa de falta de diligencia por parte de la Administración", según reza el acuerdo.