ALICANTE. Los nueve acusados en el juicio por el presunto amaño del Plan General de Alicante cerraron este viernes su turno de declaraciones. A lo largo de tres jornadas distintas, ocho de ellos (si se prefiere, todos menos el promotor ilicitano Ramón Salvador) han defendido su inocencia al negar que facilitasen o que dispusiesen de información privilegiada relacionada con el futuro planeamiento urbanístico de la ciudad cuando aún no era público. De igual modo, también han rechazado que pagasen o recibiesen pagos o prebendas a cambio de ese presunto trato de favor.

Los dos últimos en hacerlo fueron los socios del bufete Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa). Las suyas fueron las declaraciones más largas (se prolongaron durante casi dos horas cada una). Eso sí, su comparecencia fue en los mismos términos que la de sus predecesores: se dedicaron a negar las conclusiones esbozadas por la Policía en las que se basa la acusación de la Fiscalía Anticorrupción.

Según su versión, su despacho no era el canal para conseguir cambios en el futuro Plan General. Primero, porque, según dijeron, solo tramitaron 19 de las 3.800 que se presentaron. Y segundo, porque de ellas solo se aceptaron cinco (tres pedían correcciones de errores). De acuerdo con su relato, esos datos demostrarían que no tenían la capacidad de lograr recalificaciones ni ajustes a la medida del cliente.

Pero, además, también negaron que su despacho actuase a modo de esponja para absorber pagos por trabajos simulados, de modo que las cantidades recibidas fuesen a parar después a los expolíticos a los que se corrompía para conseguir un presunto trato de favor. Así, se afanaron en explicar que los ingresos percibidos por Deproinmed (una de las empresas participadas por Ortiz) eran el resultado de un trabajo de asesoramiento relacionado con el sector de Balsares, en el municipio de Santa Pola. Es más, en esta línea, descartaron que hubiesen tenido una relación profesional con Ortiz que les hubiese reportado ingresos más allá de esa tarea concreta y de alguna consulta informal, no remunerada.

De igual modo, también se refirieron a los 110.000 euros abonados por el constructor Ramón Salvador para que se tramitasen sus alegaciones y se consiguiese la recalificación de su suelo en el sector del Pla de Xirau. Castedo explicó que, en realidad, ese importe era por el conjunto de servicios que se habían prestado a las empresas de Salvador, y no solo por la presentación de las alegaciones, como se recogía en el acuerdo de conformidad firmado por el empresario con la Fiscalía. Además, señaló que las alegaciones de Salvador prosperaron como las de otros alegantes que también se habían opuesto a que suelos de su propiedad, que figuraban como urbanos en el PGOU de 1987, quedasen como protegidos en el nuevo PGOU. ¿El objetivo de la profusión de detalles? Desmontar el escrito de autoinculpación de Salvador como baza de la Fiscalía para sustentar sus acusaciones.