ALICANTE. El presunto amaño del Plan General de Alicante investigado en una de las piezas separadas del caso Brugal llega finalmente a juicio a partir de este martes, 30 de junio, diez años después de que se produjese el arresto de varios de los implicados y el registro de varias dependencias públicas y privadas, en una operación desplegada de manera coordinada en varios municipios de la provincia. El proceso se iniciará a las 10:00 horas en la sala de vistas de la Audiencia Provincial reservada habitualmente para el tribunal del jurado al tratarse de la sala de mayor tamaño del edificio judicial (y, por tanto, la que permite que los intervinientes puedan guardar las distancias de separación impuestas como medida preventiva frente a la propagación del coronavirus).
En el banquillo de los acusados, se sentarán los exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo; los empresarios Enrique Ortiz y Ramón Salvador; los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa); y tres personas ligadas a las empresas de Ortiz: su hermano, Virgilio Ortiz; Santiago Bernáldez y Pablo Rico. En la acusación, intervendrá la Fiscalía Anticorrupción, el Ayuntamiento de Alicante y la agrupación local de Esquerra Unida (EU) en Alicante.
El tribunal, compuesto por las magistradas Cristina Costa, Monserrat Navarro y Margarita Esquivá, deberá dilucidar si los dos conocidos promotores (Ortiz y Salvador) obtuvieron un trato preferente en la planificación urbanística de la ciudad durante su fase de redacción, entre 2007 y 2009, a cambio de la entrega de diversas dádivas: varias entregas de dinero en metálico, un vehículo modelo Mini Cooper, y viajes pagados a Creta, Ibiza y Andorra.
Según el sumario, los beneficiarios de la mayoría de esas presuntas dádivas fueron los dos exdirigentes municipales, a quienes se trataba de agasajar a cambio de conseguir condiciones urbanísticas favorables. Por su parte, a Gutiérrez y Castedo -titulares del bufete Salvetti Abogados- se les considera facilitadores de las modificaciones urbanísticas, como responsables de tramitar alegaciones solicitando esos cambios ante el Ayuntamiento. A los tres colaboradores de las empresas de Ortiz se les considera mediadores en las presuntas entregas. Así se reflejaba, además, en el auto de procesamiento dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante hace tres años, con el que se daba por cerrada una larga investigación y una instrucción no menos procelosa, con idas y venidas al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).
