BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm debatirá el próximo lunes en el pleno los pliegos de condiciones del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. Un servicio que lleva desde 2018 con el contrato caducado y prorrogado. Las discrepancias entre técnicos municipales en el último año han hecho que el nuevo documento no se haya podido debatir hasta ahora. Y sigue sin gustar a una parte, ya que Intervención ha emitido un nuevo informe de fiscalización en el que mantiene seis reparos, aunque sin carácter suspensivo. Ahora se plantea por 15 años y 328 millones de euros.

En las conclusiones del escrito, firmado el pasado 12 de diciembre, el interventor accidental siembre la duda. Así, afirma que la suma de todos los reparos en su conjunto "hace que la licitación esté sometida a un grado de discrecionalidad incompatible con los principios de salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa". Es por esto que a su juicio deberían de redefinirse los pliegos. 

A su vez, pide que se apliquen las medidas propuestas de financiación en caso de que continúen con el expediente. Todo ello para poder cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, eficiencia y eficacia, en el marco establecido por la Ley Orgánica 2/2012.

El alto funcionario señala que el expediente presenta aspectos que no son conformes a la normativa aplicable, de ahí los reparos. Una circunstancia que se repite desde que se presentó la primera propuesta, y que enfrentó a varios departamentos. Es por esto que el gobierno local optó por enviar el expediente a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico para que analizara el caso desde fuera. Este finalmente resolvió que los reparos de Intervención no tenían entidad para suspender el procedimiento. 

Reparos

Pero, ¿a qué se refieren estos reparos? En primer lugar habla del plazo de duración, que se establece en 15 años más uno de transición. Para Intervención no está justificado que supere los ocho o diez años, que es lo que propone. También censura la inversión en una base logística puesto que la adquisición del terreno no se ha ejecutado antes de la licitación y eso imposibilita que las empresas conozcan el alcance económico y crea inseguridad al no saber si dispondrán de la parcela.

También pone el foco en aspectos técnicos del anteproyecto de explotación, factores indicativos de los servicios y los criterios para la adjudicación. Además, discrepa con que el técnico que ha redactado el pliego sea uno  de los integrantes de la mesa de contratación. 

Estabilidad presupuestaria

Tal y como recoge la resolución a la que ha tenido acceso este diario, la propuesta a pleno incluye el inicio del expediente de modificación de ordenanzas fiscales del IBI y la conocida como tasa de la basura. Unos cambios introducidos para hacer frente al aumento del gasto que supone este nuevo contrato, según dice el interventor. Esto implica que para antes de 2025 el Ayuntamiento debe incrementar la recaudación del IBI en 1.575.527,05 euros, y el año siguiente, 1.592.321,05 euros, acumulado al anterior.