ALICANTE. Trabajadores de Extranjería de Alicante, dependiente del Ministerio de Política Territorial, se han concentrado este jueves frente a las instalaciones de la calle Ebanistería, para denunciar el colapso de las oficinas.

Según denuncian los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, la provincia de Alicante es uno de los epicentros de esta diversidad en la vida diaria, con un 21% de población extranjera residente, y se posiciona como una de las provincias con mayor concentración de residentes internacionales, junto con Madrid, Barcelona, Andalucía, Valencia y Canarias, y es la tercera provincia en tramitación de expedientes de extranjería. Las oficinas de extranjería sufren una crisis de recursos y organización que amenaza con agravarse con la entrada en vigor del nuevo reglamento de extranjería el próximo 20 de mayo.

Consideran que la situación del servicio en Alicante es "insostenible"  y por ello reclaman, la revisión urgente de la Relación de Puestos de Trabajo. Según exponen, la plantilla actual apenas supera los 1.500 efectivos a nivel nacional, con un 30% de vacantes sin cubrir, una cifra que no ha cambiado en 20 años, a pesar del aumento exponencial de la población extranjera. En 2024, se gestionaron más de 1,2 millones de expedientes.

También reclaman "una igualdad de retribución con otros organismos de la AGE, como la Seguridad Social, el SEPE o Tráfico, reconociendo la complejidad y responsabilidad del trabajo realizado y una mejora de las condiciones de movilidad interna y homogeneización de las directrices sobre teletrabajo, actualmente desiguales entre provincias".

A su juicio, las oficinas están al límite. "Así es imposible dar un buen servicio y responder en tiempo y forma a las solicitudes de las personas que acuden a las oficinas. Son necesarios más recursos y mejores condiciones laborales para garantizar un servicio eficiente. Por eso en Alicante mantendrán concentraciones días 27 y 31 de marzo, y 3 de abril, de 11:00 a 11:30 horas, cada uno de los días. "Las movilizaciones buscan visibilizar el colapso actual del sistema de extranjería y solicitar que se garanticen los medios económicos, materiales y humanos necesarios para afrontar la creciente demanda. Sin un servicio de Extranjería eficiente, toda la sociedad se ve afectada, y miles de personas podrían verse impedidas a trabajar y residir legalmente en España, con un impacto grave en sus vidas y en la economía general del país", sostienen.