Justo antes de las últimas Navidades, el Gobierno de la nación, presidido por Pedro Sánchez, aprobó en Consejo de Ministros un anteproyecto de ley para la reforma de la Función Pública en la que se establece una evaluación anual para los empleados públicos: la propuesta estrella es la posibilidad de penalizar los “rendimientos insuficientes” incluso hasta el despido. Es decir, son textuales del anteproyecto, castigar a quien no tenga motivación e implicación suficiente. Perseguir a los vagos (esto es mío, no del anteproyecto). El despido es lo más grave. También se contemplan congelaciones salariales, vetar concursos de traslados para los que no superen la evaluación o ponerlos a quitar el polvo de las bibliotecas municipales para que por lo menos hagan algo. Bien. Han tenido que ser PSOE y Podemos los que afronten una de las grandes asignaturas pendientes de la democracia, atendiendo al principio elemental de “si te escaqueas y no cumples, te vas”, como ocurre en el sector privado. Bien.
Los sindicatos, obviamente -desde CSIF a CCOO-, ladraron, siempre en defensa de unos supuestos derechos corporativos y atávicos que surgieron en el siglo XIX y que se han consolidado como “espíritu sagrado” en pleno 2023, siglo XXI. En el XIX, cuando el turnismo tenía cierto sentido, cuando cambiaba el signo de una corporación pública, cambiaban automáticamente los funcionarios. Tampoco es eso; para nada. La reforma de la Ley de la Función Pública no saldrá adelante. Ni ahora ni aunque gane Núñez Feijóo, y ello a pesar de que parte de una directriz de la Unión Europea, el Plan de Recuperación Económica (que pasa por la eficiencia de las administraciones públicas).
Pues bien, el Ayuntamiento de Elche -leo en el Diario Información- ha aprobado en Junta de Gobierno un incentivo de 1,4 millones de euros a repartir entre 1.200 trabajadores municipales de los 1.500 que hay. Gobiernan PSOE (12 ediles) y Compromís (2). Pero el peso fuerte en esta medida ha corrido a cargo de los socialistas: del alcalde, Carlos González, y del concejal de Recursos Humanos, Ramón Abad . 1,4 millones para todos por igual, en función de su categoría laboral supongo. Da lo mismo que seas vago redomado (la minoría de los funcionarios), vago a secas, cumplidor y eficaz (la mayoría, afortunadamente) o excelente... Esta suerte de igualitarismo contraviene, además de la lógica, la reforma tímidamente emprendida por el Gobierno. Choca y chirría. Y aquí viene el argumento del regidor Abad: en 2022, repartiendo una pedrea de 700.000 euros, el absentismo laboral bajó en un 12 %. Es decir, si reparto unas tapas de jamón de jabugo me apunto al cóctel. Si no, me quedo en casa.
Casi que estoy convencido de que la proximidad de las elecciones provocan este tipo de cosas: 1.200 funcionarios, más sus respectivas familias.... nos sale un buen número de votos. La medida se hará efectiva en marzo, diez minutos antes de los comicios locales. Seguro que hay más ayuntamientos que están haciendo lo mismo: escojo el ejemplo de Elche porque está recién salido del horno. Nada más. Gambas para todos y algo de beber.
