MADRID (EP). La portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Elena Bastidas, ha lamentado que "el Gobierno de Pedro Sánchez --presidente del Ejecutivo central-- ha fracasado en la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), dejando a un amplio número de personas en situación de pobreza severa sin la cobertura necesaria".

En ese contexto ha remarcado, a través de un comunicado, que "su objetivo principal debe ser proteger a los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad social". Asimismo, el Grupo Popular ha pedido al Consell "que elimine el límite de edad que perjudica a las personas mayores que están entre los 65 años y su edad ordinaria de jubilación, para poder ser incluidas en la Renta Valenciana de Inclusión".

También, la diputada popular ha apuntado que, según los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), "la prestación sólo llega al 42 por ciento de los potenciales beneficiarios".

Además, "los errores en la concesión obligan luego a miles de familias a devolver el dinero recibido", lo que supone, ha avanzado Bastidas, que "un 12% de las familias que recibieron el IMV en 2024, cerca de 50.000 familias, causaron baja y la Seguridad Social les reclamó las cantidades percibidas indebidamente".

En este punto, Bastidas ha indicado que el tiempo medio de tramitación de los expedientes aprobados en 2024 es de 203 días, "lo que agrava la situación de vulnerabilidad de los solicitantes". Por lo que "muchas familias no reciben la ayuda en el tiempo necesario para paliar sus necesidades básicas, lo que genera una mayor desconfianza en el sistema por parte de los ciudadanos".

Para la portavoz de Política Social, "resulta evidente que los recursos asignados son insuficientes, la pobreza sigue afectando a una parte considerable de la población, debido en gran parte a la mala cobertura del IMV y a la falta de políticas laborales que garanticen empleos de calidad que protejan frente a la pobreza".

En este sentido, ha subrayado que "el empleo precario sigue siendo un problema endémico en este país, lo que, unido a la falta de vivienda social y el incremento desmedido de los precios de la vivienda por la intervención del mercado, contribuye a la cronificación de la pobreza en amplios sectores de la población".

Con todo, Bastidas ha insistido en que el Gobierno "debe atender las recomendaciones de la AIReF si de verdad quiere hacer del IMV una prestación útil y eficaz para combatir los elevados e insostenibles niveles de pobreza en España".