MADRID (EP). La Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, ha reclamado al Gobierno la "reforma urgente" de la Ley de Desindexación "por su grave impacto en la sostenibilidad de las organizaciones sociales".
Así se lo ha trasladado el vicepresidente de Incidencia Política, Diálogo Civil y Asuntos Públicos de la Plataforma del Tercer Sector, Luis Cayo Pérez Bueno, al director general de Política Económica del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, Víctor Ausín Rodríguez.
Según señalan desde la Plataforma, la Ley de Desindexación limita la revisión de precios en los contratos con la Administración Pública para la prestación de servicios, por lo que las organizaciones sociales, con contrato con la Administración Pública, deben prestar los servicios sin variación de precios, durante toda la duración del contrato.
"Esta ley fue aprobada con el objetivo de hacer más competitiva la economía española, pero, en el contexto económico actual, está perjudicando, gravemente, a las entidades sociales porque produce un desequilibrio económico entre las partes", aseguran.
Por ello, durante la reunión, Pérez Bueno ha explicado la necesidad de eliminar la desindexación de contratos y conciertos públicos en materia de servicios sociales que se lleven a cabo con entidades del Tercer Sector, porque "los elevados niveles de inflación resultan deficitarios para las organizaciones".
En este sentido, ha explicado que resulta "esencial" que se regule legalmente la viabilidad de la revisión periódica de los costes unitarios de los servicios, ante situaciones sobrevenidas no previstas en el inicio de la contratación o concertación del servicio, "por razones de interés social".
Además, la Plataforma del Tercer Sector reclama la implantación de mecanismos que garanticen la estabilidad económica de las entidades sociales y que no repercutan, de manera negativa, en su sostenibilidad.
En la reunión también han participado la directora ejecutiva de la Plataforma del Tercer Sector, María José Juanes; el asesor jurídico del CERMI, Óscar del Moral, el subdirector general de Análisis Sectorial, Manuel Delacampagne y la subdirectora general de Políticas Sociales, María Sobrino.
