VALÈNCIA. A partir del próximo jueves 3 de abril, será efectiva la Ley Orgánica 1/2025, una normativa diseñada para transformar el funcionamiento de los juzgados y tribunales españoles con el objetivo de mejorar su eficiencia e impulsar la digitalización. Entre sus principales modificaciones, destaca la reforma en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS). Para analizar su impacto, la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), con el patrocinio de LHH, ha organizado su VII Jornada de Primavera en colaboración con el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia (COGRASOVA), el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), el Sabadell Hub Empresa Valencia y la Diputació de València con más de 300 personas inscritas.
Esta normativa entra en vigor en un contexto en el que, según la Memoria del Poder Judicial de 2024, los tiempos de espera en los Juzgados de lo Social tienen una duración media de 11,1 meses. Además, la tasa de resolución de estos tribunales ha disminuido un 3,8% en comparación con el año anterior, mientras que el número de casos a atender ha aumentado un 5,4%. De acuerdo con los ponentes, expertos en Derecho Laboral, que intervinieron en la VII Jornada de Primavera de ASNALA, la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025 contribuirá a revertir esta situación.
Rafael Roselló, letrado de la Administración de Justicia en el Juzgado de lo Social nº13 de Valencia, señaló que “los cambios deberían traducirse en una mayor agilización de los procesos, aumentando en consecuencia el número de actos de juicio celebrados”. Javier Lluch, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, coincidió con esta valoración, destacando que la nueva normativa facilitará además la digitalización del proceso. No obstante, los expertos también apuntaron a que estos cambios supondrán un mayor esfuerzo para todos los intervinientes en el proceso laboral, por lo que podrían plantear algunos problemas tanto para los profesionales del Derecho como de los órganos judiciales.
Uno de los cambios más relevantes que introduce esta reforma es la posibilidad de que el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) programe los actos de conciliación y juicio de manera separada o sucesiva, siempre que lo solicite alguna de las partes o se considere viable alcanzar un acuerdo. En este sentido, Rafael Roselló destacó que se introduce “la posibilidad de anticipar por vía telemática la conciliación y, por lo tanto, la presentación y aprobación de los acuerdos conciliatorios por escrito, otorgando rango legal a una práctica ya muy extendida en los Juzgados de lo Social”.
Otra novedad que contempla la Ley Orgánica 1/2025 es que, hasta la fecha, la documentación probatoria se venía presentando con carácter general en el acto de la vista. No obstante, a partir ahora, será obligatorio presentar la prueba documental y el informe pericial a través de una plataforma electrónica con una antelación mínima de diez días hábiles antes de la celebración del juicio. De esta forma, el presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Javier Lluch, explicó cómo esta norma convierte lo que antes era una excepción en regla y elimina el “factor sorpresa” que podía darse al presentar la prueba durante la vista.
En la misma línea, Sofía de Andrés, diputada 1ª del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), advirtió que esta medida parece conculcar el derecho de defensa “¿Cómo vamos a sorprender a la otra parte cuando le entregamos la fundamentación de nuestra defensa? Esta regulación perjudica gravemente la defensa de las personas trabajadoras”, expuso la diputada del ICAV en el acto de clausura de la VII Jornada Primavera de ASNALA.
Además, esta nueva reforma también introduce un cambio procesal significativo, destacando la incorporación del “interés casacional objetivo” como criterio para admitir el recurso de casación para la unificación de doctrina (RCUD). Este concepto, aunque ya utilizado en otras jurisdicciones, se incluye por primera vez en la normativa laboral.
Ángel Blasco, magistrado del Tribunal Supremo, Sala Cuarta de lo Social, explicó que este cambio “permitirá inadmitir aquellos asuntos repetitivos o que carezcan de interés casacional. Teniendo en cuenta que, antes de llegar al Tribunal Supremo, el justiciable ya ha pasado por dos instancias, esta reforma contribuirá a descongestionar la Sala de lo Social del TS”.
Expertos jurídicos destacan la colaboración como clave para afrontar los cambios de la Ley Orgánica 1/2025
En el marco de la VII Jornada de Primavera de ASNALA, los principales actores del ámbito jurídico-laboral destacaron la importancia de abordar de manera conjunta los cambios que introduce la Ley Orgánica 1/2025 con el objetivo de comprender su impacto y encontrar soluciones colaborativas para afrontar los nuevos desafíos. Ana Gómez Hernández, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), enfatizó que “este espacio de colaboración entre las distintas organizaciones es esencial para que los profesionales del Derecho Laboral puedan adaptarse eficazmente”. Además, la presidenta de ASNALA reafirmó la determinación de la asociación en aportar los conocimientos y análisis necesarios “para hacer frente a la imparable evolución de las Relaciones Laborales, siendo más conscientes que nunca de que la unión hace la fuerza”.
Manuel Olaya, diputado 8º del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) y experto en Derecho Laboral, hizo hincapié en la necesidad de que los laboralistas se actualicen sobre los cambios normativos y planifiquen sus actuaciones con antelación.
Finalmente, el presidente del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia (COGRASOVA), Vicente Vercher, resaltó el carácter esencial de estas jornadas para los profesionales del sector, destacando que el intercambio de conocimientos y el análisis conjunto de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 1/2025 es clave para que los laboralistas puedan abordar los nuevos retos con garantías.
