La obra civil, al límite: el 10% del PIB necesita mano de obra y reclama unos PGE que la saquen del pozo

ALICANTE. El sector de la construcción de obra civil, representado en la provincia por la Federación de Obras Públicas de Alicante (FOPA), se encuentra al límite por una suma de factores que han creado la tormenta perfecta: cuatro años con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados, con lo que año tras año Alicante se sitúa como la última provincia de España en inversiones estatales; un alza galopante de los costes a doble dígito frente al 3% general los últimos años; y un sorprendente déficit de mano de obra (mientras sigue habiendo parados registrados en el sector) pese a ofrecer empleos bien remunerados y cualificados.

Así lo explicó este martes el presidente de FOPA, Javier Gisbert, durante su intervención en la gala de entrega de los XVIII Premios FOPA a la Mejor Obra de la provincia y a la Obra con Mejor Integración en su entorno, que un año más (con la fórmula bienal que ha obligado a adoptar la baja inversión pública en los últimos años) se celebró en el Auditorio de la Diputación de Alicante (Adda). Al acto asistieron, además de representantes de las administraciones promotoras de las obras premiadas y una más que nutrida representación del empresariado alicantino y sus asociaciones sectoriales, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, el presidente de la Diputación, Toni Pérez, y el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, que representó al president de la Generalitat ante la convocatoria de un Consell extraordinario para aprobar las ayudas a los afectados por la Dana.

Ante este público, Gisbert reinvindicó la importancia del sector de la construcción para la economía provincial, donde se acerca al 10% del PIB (prácticamente dobla la media nacional) y suma hasta el 18% de la riqueza anual generada por las empresas en la provincia si se tienen en cuenta sus efectos inducidos. Un sector que, sin embargo, se encuentra al límite por la concatenación de factores antes citada, que según advirtió Gisbert, "pone en riesgo la finalización de las obras en ejecución" por el encorsetamiento a que somete a las empresas la Ley de Contratos del Sector Público. Por ello, el presidente de FOPA reclamó apoyo a las administraciones y que apuesten por un sector que, además de su aportación económica, ofrece un componente social dado el carácter de la obra civil, con un margen de apenas el 4% que impide reaccionar a escenarios inflacionistas.

El presidente de FOPA lamentó que, un año más, las obras del decálogo de inversiones prioritarias elaborado por el empresariado alicantino para defenderlo ante el Gobierno sigue sin avanzar, más allá de un primer proyecto que se encuentra en fase de licitación. Y ante la convocatoria electoral del próximo 29 de noviembre, Gisbert exigió que, "gobierne quien gobierne", apruebe de una vez unos nuevos Presupuestos Generales que saquen a la provincia de Alicante del pozo de la inversión, donde se hundió en 2023 (en los últimos PGE aprobados por el actual Gobierno) y donde sigue merced a las sucesivas prórrogas de las cuentas.

En definitiva, durante toda su intervención el presidente de Fopa reclamó un mayor reconocimiento social para su sector, al considerar que es ahí donde está el origen de varios de los problemas que lo amenazan, como el desinterés de los jóvenes desempleados por trabajar en la construcción. Concretamente, en Alicante se necesitan 20.000 empleados de la construcción que no se encuentran. Para combatir la falta de mano de obra, Gisbert defendió "importarla", y recordó que su federación se mostró partidaria del reciente proceso de regulación de inmigrantes sin papeles. Pero criticó que ahora se trata de personas con permiso de residencia pero sin permiso de trabajo, con lo que el problema se mantiene.

Piden una fiscalidad que facilite el acceso a la vivienda

El presidente de FOPA también centró una parte de su discurso en la cuestión que ha mediatizado la convocatoria electoral: la cuestión de la vivienda. Desde su punto de vista, las medidas de creación de vivienda pública requieren plazos dilatados, pero propuso un cambio severo en la fiscalidad de la vivienda para reducir el precio y facilitar asequibilidad a la población: “el 25% del coste de una persona que se compra una vivienda, son impuestos y tasas. ¿Es normal que se pague el mismo IVA por una vivienda de superlujo de dos o tres millones de euros que por una vivienda protegida o asequible? La vivienda social debería no tener IVA o, al menos, tener un IVA hiperreducido”, reclamó. 

Además de una fiscalidad específica para la vivienda pública, deberían regirse por un Código Técnico de la Edificación concreto para este tipo de viviendas, “eliminando costes superfluos, sin bajar la calidad, en especial en cuanto a la eficiencia energética”. Al mismo tiempo, se podría actuar en materia de suelo, porque un suelo más barato abaratará las viviendas. 

Durante la gala, de la que Alicante Plaza forma parte como medio colaborador por tercera ocasión (un apoyo que Gisbert agradeció expresamente, junto al del resto de patrocinadores y colaboradores), se entregaron los premios a la Mejor Obra de la provincia en 2025 y 2026, los viaductos del Tram en el Algar y el Mascarat, promovida por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). También se hizo entrega del premio a la Obra con Mejor Integración, la Vïa Verde de la Cantera (promovida por la Generalitat), la Mención Especial a la reurbanización de la Explanada de Alicante (promovida por el Ayuntamiento), y el Premio del Público, que a través de Alicante Plaza optó mayoritariamente por el edificio de viviendas sociales del Portón, también promovido por el Ayuntamiento de la capital.

El conseller de Hacienda, Economía y Administraciones Públicas, José Antonio Rovira, destacó que todas las obras presentadas cumplen con los criterios actuales de las obras pública, “ser útiles, accesibles y sostenibles”, y defendió la necesidad de seguir invirtiendo en infraestructuras porque “cuando faltan, la sociedad pierde oportunidades y se generan costes para las empresas”. Rovira apeló a la colaboración público-privada, y señaló a FOPA como la entidad que permite una interlocución con la Administración, necesaria para detectar necesidades.