ALICANTE. La propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica mejora los ingresos de la Comunitat Valenciana, pero no resuelve una cuestión que, desde el Instituto de Estudios Económicos (Ineca) sitúan en el centro del debate tras su análisis. Y es la posición relativa de la autonomía en la financiación por habitante ajustado. Ese es el eje de un estudio que ha presentado el Instituto, que desplaza el foco desde la inyección de recursos hacia el criterio con el que mide si el cambio altera de verdad la posición valenciana dentro del sistema.
Así, para Ineca, el problema no es solo cuánto dinero entra, sino desde qué punto parte la Comunitat y hasta dónde llega con la reforma. En esa lectura, el nuevo modelo introduce una subida de recursos, "pero no garantiza que la autonomía alcance la referencia de equidad", el referenciado índice 100 de financiación efectiva por habitante ajustado. Mientras ese umbral no se alcance, sostiene el Instituto, seguirá existiendo un desfase estructural entre las necesidades de gasto y los ingresos del sistema.
"Doble penalización" con el sistema vigente
Según el resultado de este análisis, la Comunitat Valenciana ha quedado situada durante años - con el sistema vigente desde 2009- en un espacio de "doble penalización". Señalan que hay una capacidad fiscal inferior a la media y, al mismo tiempo, con una financiación final por habitante también por debajo de esa media. El gráfico comparativo incluido en el informe coloca a la Comunitat en el cuadrante de menor capacidad y menor financiación, una posición que el instituto considera el origen del problema acumulado.
La deuda es otra derivada en el estudio. No se presenta como un fenómeno aislado ni vinculado a un periodo concreto, sino como la consecuencia de una trayectoria sostenida. Según los datos recogidos por Ineca, la deuda viva de la Comunitat Valenciana ha pasado de 9.420 millones en 2004 a 62.424 millones en el tercer trimestre de 2025, lo que supone multiplicarse por 6,6 en dos décadas. Añaden además que, más allá de los años de crisis, el incremento anual de deuda ha mantenido una pauta estructural superior a los 2.000 millones en distintos ejercicios, incluso para sostener servicios públicos esenciales. Ese recorrido es el que explica por qué Ineca no se detiene en la cifra de mayor financiación prevista por la reforma. El informe recoge que la propuesta del Gobierno elevaría los recursos asignados a la Comunitat desde 15.890 millones hasta 18.389 millones, con un incremento de 2.499 millones de euros. Esa variación, señala el análisis, supone una mejora en términos absolutos y una ampliación del techo de recursos disponibles. Pero el Instituto separa el plano de la liquidez del plano de la equidad relativa.
"No es suficiente para salir de la infrafinanciación"
Ahondando en los datos, la evaluación de Ineca deja ver que "una subida absoluta de ingresos no equivale por sí sola a una corrección plena del modelo". El informe refleja que, con la propuesta del Gobierno, la Comunitat Valenciana mejoraría su posición en el mapa autonómico, pero seguiría por debajo de la línea del índice 100. La autonomía avanzaría respecto a la situación actual, aunque permanecería situada por debajo del nivel de referencia de equidad por habitante.
Por eso el Instituto pone el foco en que, entre otros factores, la deuda acumulada es el "síntoma de un modelo de ingresos que ha fallado durante veinte años"; que la inyección propuesta de 2.499 millones alivia la tesorería inmediata; y que el déficit estructural persistirá mientras la posición relativa por habitante no llegue al índice 100. De esta forma, Ineca ve mejora pero discute su alcance, por el reparto relativo. La diferencia entre disponer de más fondos y corregir la posición estructural son claves.