ALICANTE. El Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) ha presentado un análisis técnico exhaustivo sobre el impacto del nuevo Sistema de Financiación Autonómica (SFA) en la Comunitat Valenciana, elaborado a partir de los informes de Fedea e IVIE y del  Proyecto de Ley 121/000079. Según el instituto, "el diagnóstico es contundente. Eel sistema vigente desde 2009 ha  condenado estructuralmente a la región a una infrafinanciación crónica que ha provocado una  deuda acumulada de 62.424 millones de euros". El presidente de Ineca, Alfredo Millá, considera que la propuesta del Gobierno es un primer paso necesario, pero deja "cuestiones decisivas sin resolver que exigen negociación política transparente, precisa y urgente". 

No obstante, el presidente de Ineca enfatiza que la reforma propuesta aún no garantiza la  convergencia plena con la media nacional "por lo que urge concretar acuerdos precisos y verificables, ya que quedan muchos aspectos por clarificar como el tema impositivo y la deuda, entre otros". Millá considera que es un bueno modelo de partida, pero debe incluir la condonación de la deuda porque el déficit estructural no se debe a una gestión ineficiente, sino a un diseño institucional deficiente que ha obligado a endeudarse para cubrir servicios  esenciales de carácter público. 

Déficit estructural para cubrir servicios esenciales 

A juicio de Millá, "la Comunitat Valenciana lleva más de veinte años atrapada en lo que el análisis de Ineca denomina el cuadrante de doble penalización: menor capacidad fiscal  relativa y, simultáneamente, menor financiación final por habitante". Esta afirmación se traduce en que su índice de financiación por habitante ajustado se ha situado entre 88,9 y 93,0 sobre una media nacional de 100, lo que obliga a la región a destinar una proporción mayor de sus ingresos para prestar servicios públicos equiparables al resto del Estado, generando un déficit estructural permanente que no se debe a una gestión deficiente, sino a un diseño institucional  desequilibrado. Así, para ofrecer servicios públicos equivalentes a la media nacional, la Comunitat se ve obligada a gastar un 10% más de lo que ingresa del sistema, generando un  déficit estructural que no responde a la gestión sino al propio diseño del modelo. 

En este sentido, el director de Estudios de Ineca, Francisco Llopis, recuerda que en estos trabajos de Fedea se indica que el sistema actual presenta una elevada dispersión de las posiciones relativas de las comunidades autónomas y una brecha máximo-mínimo de 26,2  puntos entre comunidades, "evidenciando que regiones con idéntica capacidad fiscal obtienen volúmenes de financiación radicalmente distintos sin razón técnica que lo justifique". La  consecuencia acumulada de este fallo sistémico es una deuda viva que se ha multiplicado por 6,6 en dos décadas, alcanzando 62.424 millones de euros en el tercer trimestre de 2025. Incluso  en años sin crisis económica, el incremento estructural de deuda ha superado los 2.000 millones anuales, simplemente para mantener los servicios públicos esenciales. 

Ineca reconoce que la propuesta de reforma del Gobierno, y el Proyecto de Ley Orgánica  121/000079, supone "el primer movimiento real hacia la corrección de esta injusticia". Llopis indica que el análisis de Fedea (De la Fuente, 2026) y del IVIE (Pérez, 2025) estima que la reforma generaría para la Comunitat Valenciana un incremento neto de aproximadamente 2.499 millones de euros anuales, elevando su índice de financiación desde el entorno del 89  hasta aproximadamente 97,8. En el escenario óptimo del IVIE, incorporando el reconocimiento  del esfuerzo fiscal relativo, el índice podría alcanzar 101,4 y el incremento de recursos llegar  hasta los 2.500 millones anuales.

El director de Estudios señala que los elementos más relevantes de la propuesta son la  eliminación del Fondo de Suficiencia -que actuaba como lastre histórico restando 2.322  millones anuales a la Comunitat-, la ampliación de los tramos autonómicos de IRPF e IVA y la introducción de mecanismos de nivelación horizontal y vertical. El Proyecto de Ley  121/000079 añade además la asunción estatal del 75% del diferencial de deuda generado por  infrafinanciación, lo que para la Comunitat Valenciana equivale a la absorción de hasta 11.210 millones de euros de pasivo acumulado. 

A pesar de los avances, el presidente de Ineca subraya que la mejora propuesta es aún  incompleta. Al respecto, Llopis matiza que" incluso en el escenario central de Fedea, la  Comunitat Valenciana permanecería por debajo del índice 100", lo que significa que seguiría recibiendo menos recursos de los que le corresponderían en un sistema genuinamente equitativo. "Mientras la posición relativa por habitante no alcance ese umbral, la región  continuará recurriendo al endeudamiento para sostener su estado de bienestar", reflexiona. 

Ineca propone para la reforma definitiva que se incluyan los siguientes elementos. Una convergencia efectiva hacia el índice 100 de financiación por habitante ajustado, con calendario vinculante. También, una incorporación del esfuerzo fiscal relativo como variable correctora en la fórmula de reparto, además de las clarificación del origen y la sostenibilidad macroeconómica de los 21.000 millones adicionales previstos a nivel nacional. Asimismo, reclama la asunción estatal prevista en el Proyecto de Ley 121/000079 (hasta 11.210 Millones euros) y la aprobación efectiva y rápida de la reducción de la deuda autonómica valenciana mediante ampliación parcial de la condonación de la deuda o exoneración total, que asciende 62.424 millones de euros. 

En este caso, también reclaman desde el Instituto "transparencia total; fórmulas de reparto claras, eliminación de fondos discrecionales y  trazabilidad completa de los recursos y la evaluación continua por organismos técnicos independientes con revisión periódica del modelo. 

El presidente de Ineca advierte que "un bloqueo de la reforma supondría para la Comunitat  dejar de percibir entre 2.180 y 2.800 millones de euros anuales, mayor endeudamiento forzado  y el agravamiento de una brecha con las comunidades forales que ya supera el 60-80%".