ALICANTE. Sectores tan representativos y con años de experiencia como las alfombras y moquetas de Crevillent, el mármol de las comarcas del Vinalopó o la cerámica en Agost están trabajando por conseguir su indicación geográfica. Eso sí, no son todas, son solo algunas de las industrias que comienzan a dar pasos en esa dirección. Así lo han destacado en el marco de la jornada 'Poner en valor el origen. Una oportunidad para Alicante' organizada por CEV Alicante. Una jornada que busca aumentar la sensibilidad de las asociaciones y, por lo tanto, de las empresas del territorio acerca de la oportunidad que suponen las indicaciones geográficas (IG) de productos artesanales e industriales. Es una nueva figura en Europa, por lo tanto, también nueva en España. 

De este modo, Joaquín Pérez, presidente de CEV Alicante explica que "vivimos una era donde el valor de una empresa o territorios no se miden únicamente por sus activos tangibles. La reputación, la innovación, el talento y la marca son elementos que permiten construir relaciones de calidad y confianza con nuestros grupos de interés. Estos intangibles son los que marcan la diferencia en un entorno cada vez más competitivo y globalizado". Desde CEV Alicante "estamos comprometidos con el fomento y la protección de estos valores". Además, Eva Toledo, vicepresidenta de CEV Alicante, ha puntualizado que "creemos que para los territorios donde hay una gran riqueza industrial y de tradición, esta puede ser una ventaja competitiva, pero hay que conocerlo, lo que no conocemos no lo utilizamos. Ese es el objetivo fundamental, difundir, dar información de qué son las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales y cuáles pueden ser las ventajas que puede aportar al territorio".

Y es que, estas indicaciones geográficas actúan como un sello, una certificación que acompañará siempre a la marca de fabricante y que indica al mercado que ese producto concreto tiene unas características particulares. Se tiene que realizar conforme a una regulación concreta y las autoridades la conceden o no en función del cumplimiento de esa norma.

El calzado de Elche, Elda y Petrer, o las muñecas de Onil son algunos de los productos que son susceptibles de conseguir esa indicación geográfica. Además, las alfombras y moquetas de Crevillent y el mármol de Alicante ya están bastante adelantadas en el trabajo para reclamar esa figura. Hay otras artesanías como el mimbre de Gata o la cerámica de Agost que también pueden unirse para conseguir ese objeto de protección.

Las solicitudes se presentarán en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) y luego se derivarán a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el caso de España y otros organismos.

El Consejo Regulador del Turrón habla de las ventajas de la protección

Por su parte, Federico Moncunill, secretario general de la Asociación Española de Denominaciones de Origen y del Consejo Regulador del Turrón ha trasladado la experiencia de "qué puede significar para el mármol o para el juguete", por ejemplo, tener una indicación geográfica en vez de una marca colectiva. Y esas son "toda una serie de ventajas que, sobre todo, están asociadas a un sello de calidad europeo muy reputado.

Asimismo, se consigue "unos niveles de protección mucho más altos frente a la evasión, frente al fraude y más presencia en los tratados bilaterales y multilaterales de la Unión Europea con otros países" en su situación fuera de sus fronteras. El hecho de poder certificar el origen y la zona geográfica de donde procede aporta valor. 

La industria del turrón está en estos momentos en stand by en su valoración en materia de aranceles por los cambios en las políticas que está llevando casi a diario Donald Trump, presidente de Estados Unidos. El sector, mientras, está teniendo una campaña "normal" y afirma Moncunill que "nos proveemos de almendra nacional en un 70-80%". En cuanto a exportaciones, aseguran que "en principio, nosotros no estamos afectados".

La uva, 36 años de Denominación de Origen Protegida

En la jornada también ha participado Beatriz Rocamora, directora de la Denominación de Origen Protegida Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó. Una figura de protección que tiene 36 años de historia. Han trasladado en la jornada las ventajas, las oportunidades que conlleva y, "también, los desafíos a los que nos hemos enfrentado y cuáles son las cosas más importantes a las que una entidad se enfrenta cuando decide apostar por una figura de calidad diferenciada". 

Las ventajas pasan por un posicionamiento diferenciado en un mercado global, una ventaja de protección legal y una vertebración territorial, "sobre todo, en el caso de las alimentarias. La zona que se protege queda unida por esta figura y representada o identificada con el producto, algo que genera mucho potencial turístico, gastronómico o experiencial". En este caso, Rocamora ha expuesto que "me gusta decir que lo bueno de una denominación de origen es el permanecer y, seguramente sin una denominación de origen, en nuestro caso de la uva de mesa embolsada, a lo mejor no hubiera permanecido el tejido económico y social que existe en la zona, en los siete municipios amparados y hubiera sido suplantado pues por otro cultivo, por otra forma de hacer".

Ese legado, según Rocamora, aporta en un periodo marcado por el cambio climático. "Las innovaciones artesanales son muy resistentes y funcionan muy bien en un contexto de cambio climático. En nuestro caso, el embolsado se ha reconocido como medida medioambiental, porque con el bolso evitamos el uso de fitosanitarios o los reducimos en determinadas fases de la temporada y tenemos una uva mucho más sostenible que una destapada, que está más expuesta a las inclemencias meteorológicas, a los posibles daños que pueda sufrir". Además, la uva también trabaja en la digitalización de procesos, como un Visor GIS en su página web, un sistema de gestión integral digital de toda la certificación. También lo aplican agricultores en el uso de agua y su gestión eficiente. 

La alfombra y el mármol, trabajo más avanzado para pedir la indicación geográfica

Desde la Unión Nacional de Fabricantes de Alfombras, Moquetas, revestimientos e industrias afines y auxiliares (Unifam), su presidente, Eduardo Díaz, aclara que Unifam ya creó en 1994 la marca de calidad Alfombras de Crevillent, que persigue unos objetivos muy diversos, entre ellos, valores que coinciden con las nuevas indicaciones geográficas. "Fue un proceso que generó un esfuerzo enorme con muchos recursos y esa experiencia es la que pretendemos aprovechar para solicitar una IG".

La fase de Unifam es incipiente, pero ya tienen la experiencia previa y una clara intención de solicitarla. En los últimos meses ya han estado en conversaciones con la directora general de Emprendimiento y Internacionalización, Ester Oliva. Ahora, recopilan toda la información necesaria de cara al trámite. El ámbito de Unifam es nacional, aunque están ubicados en Crevillent como centro neurálgico de la industria, además de cluster. "La alfombra es un producto muy desconocido desde el punto de vista de composición; es decir, para obtener una alfombra se requieren muchos procesos y muy complejos, desde la hilatura, pasando por la tintorería, empresas auxiliares, fabricación, acabados... es una industria pesada. La asociación tiene en estos momentos 20 empresas asociadas y 40 en todos los procesos productivos del sector.

Díaz asegura que la industria de la alfombra y la moqueta en Crevillent "ha sufrido todos los avatares de económicos, políticos, geopolíticos y el abandono de las administraciones públicas también". Destaca que "ese es el principal reproche. Teníamos unos sectores muy potentes, sobre todo textil, y en su día se apostó por otras alternativas y se abandonó este. Lógicamente, estas son las consecuencias un con eso, las empresas han luchado muchísimo, se merecen un respeto enorme. En estos momentos somos bandera a nivel internacional, tenemos un posicionamiento muy reconocido y nuestros productos están en los mejores hoteles del mundo". Lo logran al haber buscado "un posicionamiento absolutamente diferenciado, diferente, personalizado" y con mucho reconocimiento fuera de las fronteras del país.  partir de diciembre, se preparan para pedir esa indicación geográfica.

Desde el mármol de Alicante, otro sector avanzado en el trabajo por esta nueva figura de protección, llevan ya seis años persiguiendo conseguir la indicación geográfica y, según Encarni Abad, gerente de la asociación del mármol de Alicante, "fue una noticia genial conocer que ya podíamos hacerlo a partir de diciembre de 2025". Están en una fase muy inicial dentro de esta sector tan tradicional e histórico. Recopilan toda la información necesaria para la solicitud teniendo en cuenta el reglamento en el que se han de basar. Abad afirma que "estamos muy ilusionados porque esto va a aportar al territorio muchas bondades", entre ellas, esperan relanzar ventas. "Con esta indicación geográfica va a ser muy difícil que nos intenten copiar o intenten vender otro material en nuestro nombre".

La industria, además las empresas en las comarcas del Vinalopó, el centro productor entre Novelda, Elda, Monóvar, El Pinós o Algueña, el llamado corredor del mármol, también tienen canteras en Jumilla, en Caudete y otras localidades cercanas que no son de la Comunitat. "Ese tema lo estamos viendo con el servicio de indicaciones geográficas de la Conselleria para ver cómo vamos a tratarlo". 

La posición desde el Consell

La directora general de emprendimiento e internacionalización de la Generalitat Valenciana, Ester Oliva, asegura que "desde el primer día creamos un servicio que no solo va a tramitar la fase nacional de este procedimiento de registro, sino que también va a hacer el acompañamiento de la mano de estos sectores. En la provincia de Alicante se han interesado porque ven en este sistema una oportunidad muy importante".

Ya ha habido reuniones bilaterales con algunas de las industrias y, según Olivas, "hemos empezado ya a darles algunas pautas, sobre todo a orientarles, porque ellos tienen que elaborar el documento principal, el pliego de condiciones" que describe el producto, su método de elaboración, cuál va a ser la zona geográfica en la que se ubica esa producción, cuáles son los métodos de elaboración y sobre todo, el colectivo y el sistema de control y trazabilidad que se va a realizar, además de su vínculo con el origen. 

La indicación geográfica protege el nombre. "lo más importante en lo que tienen que trabajar es en la estructura, ellos en algunos casos, por ejemplo, los artesanos, están configurados como gremios, otros tienen asociaciones... tienen que ver cuál es la estructura más adecuada" y ver cómo gestionar esa protección una vez establecida. 

El sistema para la indicación geográfica va a estar operativo a partir del 1 de diciembre de 2025. Para eso, las industrias deben trabajar por tener la tramitación a tiempo para ese momento. Una vez presentada, hay una fase nacional con una revisión formal de la documentación y exposición pública para posibles reclamaciones. Tras esa fase, comienza la fase europea. Ahí se amplifica esa información a nivel de la Unión Europea. "Otros países de la UE pueden alegar si tienen un interés legítimo para oponerse al registro de un nombre" concreto.

Si las propuestas alicantinas superaran esas fases sin trabas, en el plazo de un año podría conseguirse esa indicación geográfica.