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Los conductores de La Alcoyana convocan huelga en los plenos de Alicante y durante Fogueres

La huelga será indefinida a partir del 8 de septiembre. Además, habrá movilizaciones ante la Conselleria de Transportes y la Oficina del TAM

ALICANTE. La plantilla de conductores de la empresa La Alcoyana, que presta el servicio de transporte público metropolitano en la comarca de l'Alacantí, sigue los pasos de los trabajadores del servicio de limpieza viaria y recogida de la basura de Alicante y también anuncia movilizaciones. Cuando menos, así lo comunicaron este domingo portavoces del comité de empresa de la compañía, Automóviles La Alcoyana, al anunciar la convocatoria de huelga coincidiendo con la celebración de los plenos del Ayuntamiento de Alicante, durante las fiestas de Fogueres de Sant Joan y de forma indefinida a partir del 8 de septiembre. Asimismo, se realizarán todas aquellas movilizaciones que se consideren necesarias ante la Conselleria de Transportes y la Oficina de Coordinación del Transporte de Alicante (TAM).

Las mismas fuentes apuntan que "esta decisión se toma ante el grave deterioro del servicio público de transporte gestionado por Automóviles La Alcoyana, provocado por la inacción de las administraciones públicas competentes y la responsabilidad directa de la empresa concesionaria". "Las continuas prórrogas del proceso de licitación desde el año 2014, junto con la imposición de un contrato de emergencia —en vigor desde agosto de 2024 hasta agosto de 2026— claramente insuficiente y calculado muy por debajo de la demanda real, han generado un colapso progresivo e inaceptable del sistema", sostienen representantes del comité, a través de un comunicado.

"Actualmente, el número real de pasajeros ha superado en más de dos millones las previsiones del contrato CE-705 “Alacant Metropolità”, sin que se haya reforzado ni la flota ni el personal de conducción. Esta escasez de recursos impide prestar un servicio con condiciones mínimas de calidad, accesibilidad y seguridad, afectando directamente a la ciudadanía", recalcan.

"A esta situación se suma un bloqueo institucional que impide la adjudicación de un nuevo contrato y frena la necesaria renovación de una flota envejecida: más del 70 % de los vehículos supera los 12 años, y muchos alcanzan los 18. Esto compromete seriamente la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios. Además, el estado de las infraestructuras —especialmente las paradas— es deplorable, incumple los estándares de accesibilidad y vulnera los derechos fundamentales de las personas con movilidad reducida", añade la nota pública.

El comité de empresa señala como responsables "tanto a la Conselleria de Transportes como a los ayuntamientos integrados en el TAM, por su dejación de funciones y falta de planificación, así como a Automóviles La Alcoyana, por no haber exigido ni ejecutado las mejoras necesarias pese a conocer los riesgos y deficiencias del servicio". "Ejemplo de esta estrategia es la campaña conjunta de MIA Vectalia, el Ayuntamiento de Alicante y el comité de empresa de MIA, que acusa falsamente al transporte interurbano de operar de forma fraudulenta. Esta acusación carece de fundamento y responde al intento de justificar una adjudicación próxima a la temeridad, orientada a intereses particulares y no a la mejora del servicio público".

Por todo ello, el comité de empresa considera que "la mejor solución para revertir esta situación insostenible es el rescate de la concesión y la gestión directa del servicio público de transporte. Solo así se garantizará un sistema eficiente, transparente y orientado a las necesidades reales de la ciudadanía".

Asimismo, el comité de empresa subraya "la necesidad imperiosa de crear un verdadero Ente Metropolitano de Transporte, con capacidad técnica, jurídica y financiera, que asuma la regulación efectiva del sistema, garantice la planificación coordinada del transporte público de pasajeros y ponga fin a la actual fragmentación y descontrol". Por último, los representantes de los trabajadores anuncian que mantendrán y ampliarán "las movilizaciones mientras no se adopten medidas reales y eficaces que garanticen el derecho a un transporte público digno".

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