ALTEA.- El Ayuntamiento de Altea, ante las informaciones publicadas sobre el sector Porto Senso-Marymontaña II y el anuncio de acciones judiciales por parte de Residencial Finca Pons, S.L., rechaza las acusaciones formuladas contra el alcalde y el concejal de Urbanismo y quiere aclarar que no se trata de una decisión personal o arbitraria, sino de la aplicación de la normativa urbanística a través de expedientes tramitados por los servicios municipales, con informes técnicos y jurídicos y bajo control judicial.
Una cuestión que ya ha sido examinada por los tribunales
Residencial Finca Pons solicitó licencia para construir un complejo residencial de 20 viviendas, garajes y piscina en una parcela incluida en el sector. La solicitud fue inadmitida porque las obras de urbanización no están finalizadas ni recibidas y porque, tras la resolución del anterior Programa de Actuación Integrada, el ámbito quedó pendiente de una nueva programación.
La mercantil recurrió esa decisión y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante, el 26 de septiembre de 2025, desestimó su recurso y declaró conforme a Derecho la actuación municipal. La resolución judicial concluye que no existe derecho a edificar hasta que finalice el proceso de urbanización y que para ello es necesaria una nueva programación. La sentencia se encuentra apelada por la propia mercantil.
Por tanto, el Ayuntamiento sostiene que no puede conceder ahora, por presión mediática o por el anuncio de nuevas acciones judiciales, una licencia que los informes municipales consideran improcedente y cuya inadmisión ha sido avalada judicialmente.
El origen del problema y la nueva programación
La situación del sector tiene su origen en la paralización de las obras por el anterior agente urbanizador, ZONTOGA, S.A., que posteriormente entró en concurso y comunicó al Ayuntamiento en 2015 la imposibilidad de continuar los trabajos. Los informes municipales constataron que la urbanización no estaba completamente ejecutada ni en condiciones de ser recibida. En 2017, el Ayuntamiento resolvió la adjudicación del Programa, incautó la garantía y acordó iniciar las actuaciones necesarias para una nueva programación.
Desde entonces se produjeron distintos intentos privados de reactivar el sector. Entre 2017 y 2020 se tramitaron iniciativas que no pudieron culminar por deficiencias de sus promotores y, en 2022, se reactivó nuevamente la programación. Ese mismo año se inscribió la Agrupación de Interés Urbanístico del Sector SR-2 Marymontaña II, que actualmente impulsa la nueva programación.
Residencial Finca Pons conocía la situación jurídica y urbanística del sector incluso antes de adquirir su parcela, al haber sido informada expresamente y por escrito con carácter previo a la compra. Posteriormente conoció también los acuerdos municipales de 2017 y la necesidad de una nueva programación. Sin embargo, no promovió una alternativa de programación ni quiso incorporarse a la Agrupación de Interés Urbanístico, optando por intentar desarrollar su parcela de forma aislada.
Por ello, el Ayuntamiento rechaza que pueda hablarse de ocho años de inactividad deliberada. La programación se ha tramitado a partir de las iniciativas presentadas por los propietarios y continúa actualmente su curso. Una cosa es que un procedimiento urbanístico complejo no haya culminado y otra muy distinta afirmar que la Administración lo haya mantenido voluntariamente paralizado.
- Diego Zaragozí, alcalde de Altea.
Sobre la recepción de las obras y la información solicitada
El Ayuntamiento rechaza igualmente que la falta de un acta de recepción permita considerar terminada la urbanización. Los informes técnicos acreditan que las obras están incompletas y presentan deficiencias. Además, el eventual levantamiento de un acta con las correspondientes tachas no convertiría la parcela de Finca Pons en solar ni le otorgaría derecho a edificar al margen de la programación integral.
Tampoco existe, según el Ayuntamiento, la opacidad denunciada. Las solicitudes formuladas por la mercantil han sido objeto de informes, entrega de documentación y contestaciones administrativas. Que la empresa discrepe de su contenido no significa que el Ayuntamiento haya dejado de responder.
Firmeza ante el anuncio de acciones penales
El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, ha señalado que: “El Ayuntamiento actuará con absoluta tranquilidad, con respeto a los tribunales y con plena sujeción a la ley. No vamos a conceder una licencia contraria a los informes municipales ni al criterio que ya ha confirmado un Juzgado. La empresa puede defender legítimamente sus intereses, pero nuestra obligación es defender el interés general de Altea y aplicar la ley por igual a todos”.
Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Orozco, ha indicado que: “Porto Senso necesita una solución integral para todo el sector, no una actuación aislada para una única parcela. La programación está en tramitación y seguirá avanzando con todas las garantías jurídicas, técnicas y ambientales”.
El Ayuntamiento respetará cualquier actuación judicial que pueda iniciarse y colaborará con los órganos competentes, pero la Alcaldía y la Concejalía de Urbanismo no adoptarán decisiones bajo presión ni resoluciones contrarias a Derecho. La solución de Porto Senso debe alcanzarse por la vía urbanística legalmente establecida, garantizando la seguridad jurídica, los derechos del conjunto de propietarios y el interés general del municipio.
