ELDA VINALOPÓ

Villena reclama a la Generalitat cubrir vacantes y saldar las deudas salariales en la residencia Peña Rubia

El pleno municipal aprueba por unanimidad una moción para reforzar la plantilla, abrir un módulo cerrado y garantizar la atención a personas con discapacidad

  • El Ayuntamiento de Villena, en una imagen de archivo.
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VILLENA. El Ayuntamiento de Villena ha solicitado a la Generalitat Valenciana que adopte medidas urgentes para garantizar el correcto funcionamiento de la residencia de atención a personas con discapacidad Peña Rubia, mediante la cobertura de plazas vacantes y el abono de las nóminas pendientes a su plantilla. La petición se formaliza a través de una moción presentada por los grupos municipales PSPV-PSOE y Verdes de Europa, aprobada por unanimidad en el pleno celebrado el pasado mes de febrero.

El acuerdo plenario insta a la Conselleria de Servicios Sociales a cubrir las vacantes existentes en la plantilla del centro con el objetivo de asegurar una atención adecuada a las personas residentes. Asimismo, reclama el pago urgente de la parte de los salarios atrasados que afecta a trabajadores y trabajadoras desde el pasado mes de octubre, además de la adopción de medidas estructurales que eviten que esta situación vuelva a repetirse.

Entre las demandas incluidas en la moción también figura la apertura del módulo actualmente cerrado en la residencia, dotándolo de los recursos humanos y materiales necesarios para mejorar la distribución de usuarios y reducir la sobrecarga existente en habitaciones y servicios.

El texto aprobado subraya la relevancia social del centro, que atiende a personas de entre 16 años con discapacidad intelectual o física grave, y advierte de la creciente preocupación social generada por la falta de personal cualificado, los retrasos salariales y la imposibilidad de utilizar una ampliación recientemente ejecutada por la falta de dotación profesional y equipamiento.

Según recoge la moción, actualmente permanecen sin cubrir puestos clave como los de psicología, trabajo social, administración, enfermería y atención médica, una situación que, a juicio del Ayuntamiento, compromete la calidad del servicio pese a la inversión realizada para ampliar las instalaciones.

Con este acuerdo unánime, el consistorio pretende trasladar a la administración autonómica la necesidad de actuar con rapidez para garantizar tanto los derechos laborales de la plantilla como la atención adecuada a las personas usuarias del centro.

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